La administradora general del Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos (EROSP), Claudia Villarruel, refutó al diputado nacional de la UCR-Formosa, Martín Hernández, señalando que el legislador formoseño tiene «un amplio desconocimiento sobre cómo funciona y se aplica la tarifa social».
Comenzó diciendo que «lo que hay que sacar en claro es el propio reconocimiento que hizo el presidente Mauricio Macri de que esta normalización del sistema eléctrico nacional, que se traduce literalmente en un aumento de precios para el usuario, es una decisión política del Gobierno Nacional».
Además, recordó que en esta línea de pensamiento, la Resolución N° 6 del Ministerio de Energía de la Nación «establece que es el usuario el que debe abonar todos los costos que le ocasiona al Gobierno Nacional el derivar la energía eléctrica hasta el usuario», indicando que «esto es algo que nosotros lo venimos repitiendo desde el momento en que salieron los aumentos, que fue a partir del verano del 2016, que nos golpeó de lleno porque es la época de mayor consumo».
«Hay un reconocimiento explícito del Presidente de la Nación de que se trata de una política tarifaria que intenta esta normalización del sistema eléctrico nacional que en realidad se traduce a un aumento brutal del precio que afecta ampliamente la economía familiar de los formoseños y los argentinos», manifestó la funcionaria.
Con respecto a los dichos del diputado Hernández, quien acusó a REFSA de aplicar «indebidamente la tarifa social que subsidia el Estado Nacional», la doctora Villarruel resaltó que «hay un gran desconocimiento, ya que no existe ningún fondo. Nación no envía fondos a la provincia por la tarifa social, sino que es un descuento que se hace en la facturación de REFSA al momento de realizar el pago por la compra de energía».
«Entonces, no podemos hablar de que la provincia está administrando algún tipo de fondo», aclaró, respondiéndole al legislador de la UCR.
Detalló que la tarifa social «fue instituida por la Resolución N° 7 del Ministerio de Energía y Minería de Nación y funciona de la siguiente manera: la empresa distribuidora de energía envía el padrón con los residenciales, ya que éstos son los únicos que pueden acceder a la tarifa, al Ente Regulador, que a su vez lo deriva a un organismo nacional que es el que determina la cantidad de usuarios que pueden acceder a la tarifa social. Cuando esto regresa se lo pasa a REFSA, que lo aplica pero no recibe ningún dinero por aplicarlo, sino un descuento en la facturación total de CAMMESA. Entonces, no sé cómo podría existir una retención de fondos en ese sentido».
«Es muy grave (lo que manifestó el diputado Hernández). Se nota un amplio desconocimiento sobre cómo funciona y se aplica la tarifa social. Sería interesante que pudiera comprobar cómo es que la provincia se queda con fondos cuando éstos no existen, ya que no hay transferencia de dinero hacia Formosa desde la Nación por la tarifa social», finalizó.