Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia, denunciaron que el Gobierno Nacional, está llevando adelante desde hace tiempo una sistemática política pública de ajuste y desguace de la Agencia Nacional de Discapacidad, que conlleva -dar de bajas a miles de pensionados y beneficiarios de las franjas sociales más vulnerables, bajo distintos pretextos.
Se advierte que se hace aparecer en los medios el Director Ejecutivo del Anses, Emilio Basavilbaso junto a los representantes provinciales de las UDAI, como si esas personas fueran extranjeros o pensionados truchos y que ahora se les quita dichos beneficios.
El Ombudsman José Leonardo Gialluca, “señaló que lo que no quiere reconocer el Gobierno Nacional es que el ajuste impiadoso sobre el gasto público incluye también a las pensiones por invalidez, y ello como consecuencia de órdenes emanadas del FMI”. En tal sentido, desde el Organismo de la Constitución se denunciaron demoras en la entrega de pensiones, ya que existen casos iniciados en el año 2016 y que aún no tienen Resolución y todo esto se debe a que el Estado Nacional ha cerrado los CAL (Centros de Atención Locales) o lo que es peor en nuestra provincia nunca los pusieron en funcionamiento en el interior provincial y por ello es que existen hasta la fecha gravísimas dificultadas para iniciar tramites de pensiones.
También se informó que se le pidió formalmente y de manera urgente al licenciado Santiago Ibarzabal, director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que hasta tanto el Gobierno Nacional implemente correctamente y de manera eficiente en todas las provincias los sistemas para el otorgamiento de Certificados Médico Obligatorio Digital (CMO – Digital), “no emitan cartas documentos ni notificaciones con plazos perentorios o estudiar al menos la posibilidad de prorrogar el plazo de 60 días corridos para que los pensionados puedan cumplimentar con los requisitos y con los plazos y evitar así la suspensión o interrupción de los beneficios con la posibilidad de la eliminación de los mismos”.
Gialluca señaló que en contacto personal con el director Jurídico del ANDIS, Agustín Ortiz, le reconoció que la implementación del Certificado Médico Digital, no fue trabajado en terreno y por ello la gran confusión existente en la actualidad.
Para el Defensor del Pueblo, esto coincide con lo expresado con el actual Director del Hospital Centro de Formosa, Mario Romero Bruno quien señaló, “que en la actualidad no están en condiciones de otorgar el Certificado Médico Digital Oficial a los pacientes que presentan discapacidad por invalidez hasta tanto se implemente un Programa de Información, Capacitación dirigida a nuestros Profesionales Médicos, la provisión de Equipamientos Tecnológicos adecuados para tal finalidad, como también el relevamiento de conectividad. Motivo por el cual y para evitar perjudicar a los ciudadanos involucrados, sugirió se suspenda tal procedimiento hasta tanto el Gobierno Nacional implemente correctamente el procedimiento que pretende”. Agregó Gialluca que en septiembre del 2017 se creó por Decreto la Agencia Nacional de Discapacidad y se suspendió la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales y allí planteamos la necesidad de establecer políticas de infusión, “algo que hasta ahora no se hizo y es más todas las medidas posteriores que adoptó el Gobierno Nacional fueron para entorpecer el acceso a los beneficios sociales, en más con la evidente voluntad de directamente eliminarlos”.
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