La fiscal de Estado de Formosa, Stella Maris Zabala de Copes, celebró el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que estableció que la reducción del IVA y del Impuesto a las Ganancias dispuesta por el presidente Mauricio Macri tras su derrota en las PASO no puede afectar los fondos de coparticipación que corresponden a las provincias.
«La Corte Suprema dispuso cautelarmente que los costos fiscales de la aplicación de los dos decretos, el 561/19 y el 567/19 referidos al IVA y al Impuesto a las Ganancias y también de las resoluciones generales de la AFIP (4546 y 434), sean asumidos con recursos propios del Estado Nacional, sin afectar la coparticipación que les corresponde a las provincias que iniciamos la acción ante el tribunal supremo», expuso la funcionaria.
Remarcó que cuando la provincia de Formosa efectuó la presentación «jurídicamente estábamos convencidos de que nos asistía el derecho y que no queríamos que se afectaran recursos coparticipables porque los mismos son de las provincias y están destinados a gastos específicos como salud, educación, pago de sueldos y obras».
«Era como darnos con una mano y quitarnos con la otra porque nos sacaban recursos que están prohibidos por ley, ya que vivimos en un sistema federal de Gobierno, el cual parece que con estas medidas se desconoce y pareciera que viviéramos en un sistema unitario, donde cualquiera puede tomar decisiones por decreto y borrar de un plumazo los derechos constitucionales y las facultades que tienen las provincias», reprochó.
Planteó que «en todo caso, si desde el Gobierno Nacional hubiesen querido hacer algo de esta magnitud tendrían que haber ido al Congreso de la Nación y ver si estas medidas excepcionales no vulneraban ningún derecho constitucional», marcando que finalmente «no se hizo así, ya que de manera unilateral e inconsulta se adoptaron estas medidas».
«Eso es lo que claramente la Corte ha puesto en caja y ha dicho que no corresponde porque se trata de medidas que vulneran derechos federales», subrayó Zabala de Copes, puntualizando que «son más de $1000 millones los que pierde la provincia de Formosa en todo esto».
Fue categórica la fiscal de Estado al acentuar que «hemos tenido la decisión política del gobernador Gildo Insfrán, que desde el primer momento en que eso se planteó instruyó a la Fiscalía de Estado para que inicie las acciones y las prosiga hasta el final».
Destacó que el primer mandatario «así lo ha hecho en todas las demandas que la provincia ha iniciado y jamás ha arriado, las estamos sosteniendo y las llevaremos hasta el final, ya que se trata de la defensa de los intereses de los formoseños», concluyó.
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