Ley de Humedales
La provincia de Formosa envió una enérgica respuesta a una resolución que emitió el consejo directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) expresando preocupación por los incendios en los humedales fluviales del Rio Paraná, como también pidiendo a las provincias y al Estado Nacional sanciones para los autores de los mismos.
En la misma línea, el consejo directivo celebró la discusión por la Ley de Humedales, aunque pidió celeridad al Congreso en su tratamiento.
Hoy existen 13 proyectos de ley con estado parlamentario entre las dos cámaras que componen el Poder Legislativo Nacional, de los cuales 10 fueron presentados en Diputados y 3 en Senadores en los últimos meses
“Formosa es una de las provincias argentinas con mayor conservación de sus bosques naturales, y posee una legislación de avanzada en esta materia.
Es importante destacar en primer lugar, que una mera ley y mucho menos una declaración de un cuerpo colegiado no apaga incendios, no cuida los bosques, no protege los humedales ni el ambiente” señala la respuesta del subsecretario de Recursos Naturales de la provincia, Hugo Bay.
“Prueba de ello son las innumerables leyes, decretos, resoluciones, declaraciones sobre el estado del Rio Matanza Riachuelo, más conocido como Riachuelo, en cuya vera viven millones de personas y cuyo estado de contaminación deriva en un grave daño a la salud de quienes viven en sus cercanías. Todas las manifestaciones, sin duda cargadas de buenas intenciones, no han logrado revertir la situación de dicho curso de agua, que debería llamar la atención de toda la comunidad universitaria argentina, más aun de aquellas que se asientan en la ciudad donde se sitúa dicho rio” avanza.
“Decimos lo anterior, porque sabemos que, para proteger nuestro ambiente, es necesario conocerlo en su integralidad, desde el conocimiento, al menos ligero, de la situación que se habla, y evitar así caer en lugares comunes que nada tienen que ver con la realidad local. En nuestra provincia nada más alejado de la realidad es hablar de posibles “negocios inmobiliarios”, o de evidencia de impacto negativo del sector minero” refiere.
En su respuesta, Bay destaca que “La ley provincial Nº 1660 implementó, en todo el territorio provincial, un Programa de uso del suelo (POT-For), que brinda protección a todas las fisonomías vegetales, estableciendo a su vez fuertes restricciones al uso productivo del suelo, a los bosques nativos y también a los numerosos humedales. De igual forma, los agronegocios que ustedes mencionan en su resolución no son compatibles con la estrategia de diversificación productiva y de apoyo y desarrollo de la producción con productores (de los cuales más de 10.000 son pequeños productores con menos de 50 has)”.
Argumentó que “Nuestro modelo político de desarrollo plantea un enfoque donde el Territorio es un espacio social y políticamente construido por el ser humano que se convierte en el actor principal dado que es el que modela el lugar donde vive, trabaja y, en consecuencia, lo cuida. Adjuntamos una copia para que puedan estudiar nuestra legislación e invitamos a ustedes, cuando finalice la Pandemia, a que puedan observar con sus propios ojos el trabajo que la provincia realiza para proteger nuestro ecosistema basados en la triada de generar un medio ambiente en el que puedan desarrollarse actividades económicamente rentables, ambientalmente sustentables y socialmente justas”.
Consideró Bay que “Los incendios, por su parte, ocurren fundamentalmente por la sequía extrema que azota hace meses a las diferentes Ecoregiones del país y del mundo. Nuestra región NEA Litoral no escapa a este cuadro. En este aspecto resulta importante analizar políticas públicas erróneas decididas por el gobierno central que debilitaron el “Plan Nacional de manejo del Fuego”, durante la penosa gestión del gobierno de Cambiemos”.
Un país federal
“No queremos una ley de humedales que sea producto de una campaña mediática organizada por actores que no viven en esos ambientes, que no tienen responsabilidades de gestión sobre ellos, y que tienen como usual práctica no observar los severos daños ambientales que hacen en los lugares que viven –del agua, aire, suelo, etc-, y si ser minuciosos en ver la paja en el ojo ajeno” fundamentó.
Pidió considerar que “en un país genuinamente Federal, son las provincias las que deben establecer sus características y las funciones que cumplen para las distintas actividades y usos que suceden en los humedales, escuchando todas las voces genuinamente interesadas, en especial de quienes habitan los espacios y de quienes desarrollan actividades humanas necesarias como la agricultura, la ganadería, la pesca. Solo de este modo lograremos la preservación de las especies y los otros servicios ecosistémicos de los humedales, con una mirada integral que reconozca la rica interacción que sucede en cada humedal con su contexto geográfico”.
Destacó asimismo que “ vuestra declaración representa una mirada sesgada de la realidad y del valor integral del humedal para los pueblos, ya que ellos los principales protagonistas de su conservación, y es por ello que sostenemos que la Ley de Presupuestos Mínimos debe establecer una base uniforme y mínima para lograr sus objetivos, siendo las provincias las que determinen y fijen, en sus respectivas legislaciones ambientales y productivas, todos los aspectos necesarios para su protección, utilización y conservación”.
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