Las unidades son gratuitas y tienen garantizados los servicios de agua y energía eléctrica.
En diálogo con AGENFOR, la ministra de la Comunidad, Gloria Giménez, brindó detalles acerca del programa “Mejor Calidad de Vida”, que es una de las tantas políticas públicas del Gobierno de la Provincia de Formosa para dar soluciones habitacionales a las familias formoseñas.
Según explicó la funcionaria, este programa se creó en el año 2017 y la primera entrega de módulos habitacionales se llevó a cabo 12 meses después, en 2018.
Y expuso que, según los relevamientos realizados en el año 2008, existían 32 asentamientos irregulares de los cuales se erradicaron 20 y se urbanizaron 11 nuevos lugares que, en la actualidad, son ejidos que contienen a más de nueve mil familias, lo que da cuenta de un total de más 36 mil formoseños y formoseñas que accedieron a esta política habitacional.
Estas nuevas urbanizaciones son El Porvenir, San Isidro, Maradona, 7 de mayo, La Maroma, Lisbel Rivira, España, San Antonio, Sagrado Corazón de María, Lote rural 3 BIS, Lote 111 y Lote 110; y sus módulos fueron construidos por dos cooperativas de trabajo formoseñas.
De esta manera, hasta la fecha fueron entregadas más de nueve mil unidades en dichos ejidos urbanos de la ciudad capital que, además de ser gratuitas, cuentan con tanque de agua, motor de bombeo, veredas comunitarias y cerco perimetral y tienen garantizados los servicios de agua y energía eléctrica, esta última con tarifa subsidiada a través del Programa Provincial “Esfuerzo Formoseño”.
En ese marco, estas nuevas urbanizaciones, al ser habitadas por familias, permiten también que se generen más movimientos económicos internos, no sólo para las personas que viven allí, sino también para empresas privadas de otros servicios, como el de telecomunicaciones, que ampliaron su agenda de clientes.
Entrega
Además, Giménez, precisó que para la entrega de estas unidades habitacionales se tienen en cuenta una serie de criterios como, por ejemplo, la cantidad de años que lleva inscripto en el programa y cumplir con las documentaciones requeridas.
Las mismas son las fotocopias de DNI y CUIL de todo el grupo familiar y constancias; fotocopias de partidas de nacimiento de toda la familia; certificado de domicilio expedido por la Policía de la Provincia correspondiente a la zona de residencia de todo el grupo familiar; información sumaria expedida por el Juzgado de Paz que corresponda a la zona de residencia; y certificado de buena conducta también emitida por la fuerza de seguridad provincial del titular inscripto y pareja, si la tuviere.
La ministra señaló también que, al momento de la entrega, se respetan criterios de prioridad como ser el número de hijos y/o situaciones particulares que deben estar debidamente acreditadas a través de certificaciones negativas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV); certificación negativa de ANSES; historia clínica; certificado único de discapacidad; y documentación legal en caso de tener personas a cargo.
Cortes de ruta
En otro orden, Giménez se refirió al reclamo habitacional de un grupo de familias que hace varios días se manifiestan cortando la ruta nacional N°11, impidiendo la libre circulación de las demás personas y dijo que algunos “no completaron la documentación requerida y no se presentaron a más de dos llamados a entrevistas”.
“De los que están en el corte de ruta, a algunas les faltaba el certificado de salud y no quieren presentar todas las documentaciones; y si no presentan no podemos hacer todos los cruzamientos”, detalló.
Y agregó que, además, hay personas que “sin inscribirse van a cortar la ruta”.
En ese contexto, se dio a conocer en las últimas horas que la Justicia Federal ordenó el desalojo del corte de ruta a la altura del Puente Blanco, a través de orden firmada por la jueza María Belén López Macé, dirigida al jefe de la Agrupación VI Formosa de Gendarmería Nacional.
En el documento al que pudo acceder esta Agencia, la jueza federal tiene en consideración las diversas audiencias con intervención de los manifestantes, autoridades del Ministerio de la Comunidad, Fiscalía Federal, Defensoría Pública y Asesora de menores “sin lograr arribar a una salida alternativa al conflicto”; como también “la conducta agresiva que han adoptado un grupo de manifestantes” que retomaron la medida de fuerza en dicha ruta.
Por tales motivos, López Macé ordenó al jefe de la Agrupación VI de Gendarmería Nacional que arbitre los medios a fin de identificar a los manifestantes e indicar si están acompañados por menores de edad; y que, si los hubiere, comunique inmediatamente al Juzgado de Menores de la Provincia de Formosa que intervenga por encontrarse estos en situación de riesgo por estar en zona de conflicto.
Después de la identificación, la orden establece que “se deberá intimar a las mismas a que depongan la actitud ilícita (entorpecimiento de transporte y/o servicios públicos, art. 194 del Código Penal), en el plazo de dos horas de notificados, dejándose constancia y detallando y captando dicho procedimiento a los fines de computar el plazo establecido, todo ello bajo apercibimiento de proceder el desalojo de la ruta mediante la fuerza de seguridad, a fin de garantizar la libre circulación de la ruta nacional afectada”.
Y en el caso de que la intimación no fuera acatada por los manifestantes transcurrido el plazo otorgado, “deberá proceder a desalojar de la calzada a todas aquellas personas y demás elementos que estén obstaculizando la circulación por dicha ruta nacional, extremando los recaudos para resguardar la vida e integridad física de las personas, teniendo especialmente en consideración que en el sector se encuentran mujeres y menores de edad”.
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