Por Milciades Olmedo
Secretario General del gremio No Docente de la UNAF
17.165.520
En un intento de evadir la investigación penal que se está desarrollando por mal manejo de los fondos y la violación de los derechos laborales de los trabajadores, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) declaró la emergencia económica y financiera de la institución.
Esto se resolvió en una sesión de “urgencia” del consejo superior, cargada de irregularidades, debido a que no se dio a conocer el expediente que justificaría la declaración de emergencia y tampoco fue convocado el claustro No Docente como desde hace más de un año.
En este sentido, es grave para la institución que el Consejo Superior, que debería ser el contralor legal de la universidad, someta a la agudización de la crisis y a la tergiversación de los hechos y la realidad.
Así, con la declaración de emergencia financiera se estaría tergiversando la situación al afirmar que la Secretaría de Políticas Universitarias dependiente del Ministerio de Educación de la Nación no envía a la UNaF los fondos suficientes para abonar los sueldos de los trabajadores.
Se pretende confundir, sembrando miedo en la comunidad universitaria, cuando los haberes de los empleados no tienen nada que ver en dicha cuestión.
Además, el ministro de Educación, Jaime Perczyk aseguró en el plenario del CIN llevado a cabo el jueves 8 de septiembre pasado en la Universidad de Hurlinghan que los fondos para salarios y los aumentos respectivos fueron girados a todas las universidades argentinas.
Asimismo, se debe aclarar a la comunidad universitaria y formoseña que la UNaF recibe como crédito inicial la suma de $2.241.400.617,00.
Entonces, hablar de emergencia financiera y económica, sería poco convincente debido a la fuerte disminución de alumnos que sufre la institución después de la pandemia y la casi nula en investigación y extensión universitaria.
Cabe destacar que a pesar de las fuertes sumas de dinero que la institución recibió para afrontar la retención de alumnos durante el COVID-19, las acciones no se hicieron visibles. Situaciones, que junto con otras irregularidades llevaron a numerosas denuncias penales que están siendo analizadas por la Justicia Federal.
La crisis se agudizó debido a que en las últimas semanas, arbitraria e ilegalmente se ha eliminado beneficios salariales a más de 270 trabajadores No Docentes, incumpliendo el Decreto 366/2006 y haciendo caso omiso a los reiterados pedidos de llamado a paritarias particulares con el Gremio que represento.
Se suma a esto nuevas denuncias por las agresiones y hechos de violencia que trabajadores y profesores de la Universidad sufren diariamente, sobre todo mujeres, que deben soportar como consecuencia de los embates y el avasallamiento institucional de la actual gestión de la UNaF.