La subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia, la doctora Silvina Aráuz, al analizar la situación tras la asunción del nuevo Gobierno, esbozó que pareciera que “para algunas autoridades nacionales actuales no está claro que el Estado debe ser el garante de los derechos humanos”.
Explicó a AGENFOR que “si no tenemos un Estado presente no podemos hablar de una educación o salud garantizada”, lo cual resulta “preocupante”.
Además, recordó como otro acto de atropello a los derechos humanos lo vivido en el año 2001 durante el estallido social en el Gobierno del entonces presidente Fernando de la Rúa, “en el cual se ejerció una represión que dejó como saldo más de 36 fallecidos y 500 heridos”.
Esta lamentable parte de la historia argentina vuelve al escenario nacional debido al protocolo anti-piquetes que comenzará a aplicarse en las protestas, según manifestó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por lo cual Aráuz manifestó que “años anteriores ya intentaron ponerlo en vigencia, pero lo tuvieron que retirar por los reclamos recibidos y porque es inconstitucional”.
Asimismo, afirmó que “desde organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité Nacional contra la Tortura le han advertido a la ministra Bullrich que no corresponde lo planteado, porque manifestarse es un derecho consagrado en la Constitución Nacional Argentina”.
En este punto, aclaró que “la libre circulación también es un derecho, pero siempre y cuando exista un camino alternativo para transitar las personas pueden manifestarse” y ante esto “ahora nos queda ver cómo van a congeniar estos derechos”.
Por último, sostuvo que el decir “el que no corta, no cobra o quédense en sus casas, suena a amenaza” y afirmó contundente: “Para mí, esa no es la vía correcta”, cerró.
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