Decima reprocho exigencia nacional que “pone en jaque a miles de pensionados”

“Desde el gobierno nacional, no se conforman con quitarle beneficios a los afiliados del PAMI, como remedios, traslados, asistencias, sino que sobrecargan aún más los recursos y las arcas provinciales, eso demuestra el verdadero desinterés que tienen para con la gente», expresó el titular de la cartera Sanitaria provincial.

Miles de personas discapacitadas corren riesgo de perder la pensión en Formosa. Sin coordinar con el sistema público de salud, ANSES exige una “certificación on line” como nuevo requisito para validad el beneficio.

Desde hace semanas las personas acuden de forma desesperada a los centros de salud y hospitales de toda la provincia enviados por la Anses, quien de manera sorpresiva comenzó a exigir una «certificación on line» que debe ser rellenada por el médico. Lejos de comunicar esta nueva exigencia al ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, la norma comenzó a regir y los beneficiaros teme no cumplir con los tiempos y perder sus beneficios.

“Sólo le dan dos meses de plazo para realizar la certificación on line, pero como la ANSES jamás informó a la cartera de salud provincial, los médicos no saben qué hacer ante esta nueva exigencia, que no tiene otro fin más que recortar beneficios sociales y sobrecargar aún más al sistema provincial de salud”, expresó el ministro de Desarrollo Humano de la provincia, Dr. José Luis Décima.

“Ahora el organismo nacional, con esta justificación, aprieta a médicos y directores de la red provincial de salud para que den las certificaciones on line, sin tener en cuenta el recurso humano o físico y las tareas que tienen a cargo. Esto, sin más, demuestra la mirada parcializada que tiene Nación de la realidad de cada provincia, porque estoy seguro que en Formosa no debe ser el único lugar donde está sucediendo este problema”, continuó.

Así, las personas que acuden a los centros de salud de capital e interior provincial para pedir el requisito, afligidos por el mínimo plazo de 2 meses que les otorgaron antes de privarlos del beneficio social a personas con discapacidad.