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Teniendo en cuenta la presentación que hizo la oposición ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se expida sobre el artículo 132° de la Constitución Provincial, solicitando suspender las elecciones del 25 de junio.

Cabe recordar que, en respuesta a eso, impulsada por la Fiscalía de Estado, la provincia de Formosa inmediatamente formalizó ante la CSJN la defensa de su autonomía y la democracia, buscando proteger el derecho a tomar decisiones propias sin interferencias externas.

En este marco, Rodolfo Carlos Barra, exmiembro de la CSJN, doctor en Derecho, profesor titular ordinario de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo y quien amparó el escrito de Formosa, señaló que lo que se busca es “evitar esa intervención de la Corte o que nos escuchen antes de que se produzca la intervención en concreto”.

Sostuvo que “la posibilidad de la reelección no tiene nada que ver con el sistema republicano, es decir, no lo afecta”, asegurando que hay infinidades de ejemplos en el mundo de dirigentes, ya sea como jefes de Gobierno del sistema parlamentario o presidentes del sistema presidencialista, que tienen libertad de elección indefinida, “y nadie puede decir que allí se afectó el principio republicano, de ninguna manera”.

Asimismo, recordó que el procurador general Eduardo Casal envió un dictamen en el que opinó que el proceso resulta ajeno al conocimiento del Tribunal, afirmando que “coincido totalmente”.

“Nosotros confiamos en que la CSJN seguirá esa opinión que es muy fundada y clara, ya que realmente no tiene intervención originaria, porque está actuando como un Tribunal de única instancia en una cuestión que es de derecho local y que tiene que ser debatida en la jurisdicción provincial”, afirmó Barra.

Y aclaró que “no estamos postulando que tenga que abstenerse”, pero explicó que ahora no lo debe hacer, porque no se ha discutido en sede provincial.

Judicialización de la política

Además, consideró que quizás esto responda a un oportunismo político, destacando que “la gravedad en la cuestión está en que esto sí que afecta al principio republicano y judicializa la política”.

Entonces, aseveró que “cuando los dirigentes políticos no logran convencer al pueblo, siempre buscan el camino judicial, a ver si consiguen que un juez tome una decisión que beneficie a esa postura del político que no consigue votos”.

Expuso que, en el caso de Formosa, a diferencia de San Juan y Tucumán, el artículo 132° de la Constitución Provincial “es absolutamente claro y espero que esto lo advierta la Corte”.

A su vez, respecto a los tiempos de la CSJN, remarcó que “son muy breves porque se ha pedido como medida aplicativa este que se suspenda todo el proceso electoral en la provincia de Formosa y entonces, para resolver esto, ha pedido velocidad en la decisión del Procurador General”.

Por lo tanto, manifestó que lo más probable es que haya una resolución, confiando en que “la decisión va a ser positiva para la provincia de Formosa”.

Y aclaró que “en todo caso si esa norma tuviese que ser modificada habría que llamar a una Convención Constituyente, más adelante, y plantear una reforma de ese artículo en cuestión”, enfatizando que “no puede ser ahora en medio del proceso electoral que ya está eh bastante avanzado”.

Defensa del derecho de los formoseños

Por su parte, la fiscal de Estado de Formosa, la doctora Stella Maris Zabala, también se refirió a la cuestión, enfatizando que “defendemos el derecho de los formoseños a elegir a sus gobernantes”. 

“El Procurador claramente ha dicho que no corresponde que la Corte intervenga en esta cuestión, que aparte es un criterio repetido reiteradamente, incluso por la misma CSJN”, sostuvo categórica.

Dejó en claro que “son cuestiones privativas de la provincia que hacen realmente a lo que le corresponde como tal”, razón por la cual “no debe haber interferencia por parte de la Corte”.

En ese sentido, recordó que “eso es lo que venimos sosteniendo, porque estamos defendiendo a rajatabla este derecho que tiene la provincia de Formosa de intervenir en estas cuestiones per se”.

Rechazó que se plantee ahora una supuesta inconstitucionalidad del artículo 132° de la Constitución Provincial “después de 20 años de vigencia de esta norma que han jurado los diputados, intervenido y participado en todos los procesos”. “A todas luces, es un desatino plantearlo”, calificó.

Y amplió diciendo que “el artículo 132° fue objeto de una reforma constitucional que se realizó en su oportunidad con una previa ley que los diputados votaron, con la participación de convencionales constituyentes que determinaron que esa era la norma, clara y contundente”.

“Como si esto fuese poco, cuando a alguien se le ocurrió hacer el planteo hace unos años, el Superior Tribunal de Justicia dispuso que fuera a la Corte, que, en un dictamen claro, contundente y por unanimidad, sólo con dos votos de disidencia parcial de forma, dijo que tenía que volver a la provincia porque no podían intervenir en cuestiones de Derecho Público Provincial, ya que es un ámbito que hace al federalismo”, marcó.

“Las provincias no son manejadas por el Gobierno central -enunció-. Son federales, tienen su autonomía. Y esto es lo que estamos defendiendo”.

Por ello, repudió que se haya presentado una medida cautelar “en pleno proceso electoral en curso, sosteniendo la supuesta inconstitucionalidad de una norma”, a la vez que criticó que desde la oposición “pretendan que la Corte Suprema se erija en Convención Constituyente”.

“Da la sensación que, porque no se tienen los números para enfrentar un acto electoral que está en curso perfectamente como marca nuestra Constitución y todas las leyes electorales, se pretende sacar del juego a quién se teme más porque puede ganar las elecciones”, dilucidó.

En definitiva, “esto es peligroso, porque se quiere cercenar la participación de alguien”, alertó, exigiendo “respetar la Constitución que tenemos y que fue votada y dispuesta por convencionales constituyentes elegidos por el pueblo, no por obra y gracia del Espíritu Santo”, cerró.