Se decidió desde la Defensoría del Pueblo, a través de una formal actuación, advertir a las carteras nacionales de Energía y Minería, a la Hacienda y Finanzas, y lo propio a la de Desarrollo Social, que “los incrementos propuestos desde el Gobierno Nacional en las distintas audiencias públicas que implicaran que desde el mes de febrero del año 2017 las tarifas de energía eléctrica suban aproximadamente un 71% o más, teniendo en cuenta que la distribuidora REFSA, en nuestra jurisdicción debe presentar su nuevo cuadro tarifario, “lo que hará que este servicio público esencial no pueda ser pagado por la mayor parte de los diferentes sectores de nuestra comunidad”.
El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca denuncio que “el precio mayorista de la energía subirá en febrero un 71% para hogares y pequeños establecimientos y un 23% para industrias medianas y grandes, según lo propuesto por el secretario de Energía, Alejandro Sruoga en la audiencia pública por el precio mayorista de la energía. A ese monto hay que sumarle las subas correspondientes a las distribuidoras provinciales, dentro de las cuales se encuentra la de Formosa, por lo que el alza total para hogares superará el 100%. Esto quiere decir que si un usuario está pagando actualmente $700 pasara a pagar $1400 y así sucesivamente”.
“Los aumentos señalados por Sruoga, que todavía deberán ser confirmados por resolución del ministerio de Energía, son levemente superiores a los que se mencionaban en el documento previo de la dependencia oficial en el que se consideraba un precio de 71 dólares”, sostuvo Gialluca, quien recordó que denuncio en la audiencia pública llevada a cabo en Formosa por TRANSNEA, que “todos estos valores son irracionales e injustificables, siendo simple comprobarlo ya que por ejemplo en nuestro vecino país de Chile se dispone de energía a 40 dólares el megavatio, mientras aquí el Gobierno Nacional nos quiere convencer que el mega no puede valer menos de 70 dólares el megavatio”.
Entiende que “si se continua tomando a los usuarios como “variable de ajustes”, en servicios públicos esenciales, será la justicia o el pueblo la que ponga las cosas en su lugar, pues es inentendible que hasta la propia Unión Industrial Argentina- UIA-, proponga un valor de u$s55, como precio para la energía a nivel mayorista de donde se nutren las distribuidoras y luego más el costo incrementado de las transportistas, impuestos y nuevos cuadros tarifarios provinciales, destruye nuestra Constitución Nacional ya que no tenemos acceso a una información veraz y suficiente y todo pierde sentido”.
Concluyo advirtiendo que “con todo lo que se avecina, se está recreando un panorama de incertidumbre, con una tarifa social que no nos sirve a los usuarios electrodependientes”, entendiendo entonces que “se debe elegir y decidirse por otro esquema de aumentos, en los que se incluya la razonabilidad y progresividad que exige la CSJN y la posibilidad de pago de los usuarios, conforme a las realidades socioeconómicas de cada región del país”.
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