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Desde la Defensoría Pueblo de la Provincia se solicitó formalmente a la ministra de Desarrollo Social de la nación, Carolina Stanley, que no se prosigan con los ajustes y limitaciones a las coberturas para el otorgamiento de nuevas pensiones.
El Ombudsman José Leonardo Gialluca, dijo que se continua “estigmatizando a los pensionados” desde el Estado Nacional.
Por ello es que se sugirió a que “esta nueva medida que dejara sin el beneficio de pensiones por invalidez a personas que el Gobierno Nacional consideraría como que no son discapacitados, tal es el caso de aquellos que padecen: cancer, HIV, diabetes o chagas, no podrán acceder al Certificado Único de Discapacidad (CUD”).
Advierte que “este criterio restrictivo, está basado en la creencia de que todas esas miles de personas pueden insertarse en el mercado laboral argentino, lo que en la realidad no es así, pues no solamente tienen muy pocas posibilidades de trabajar y aunque puntualmente no sean discapacitados están o se encuentran disminuidos sanitariamente hablando, que hasta son rechazados por los propios empleadores tanto privado como públicos”.
Concluye afirmando Gialluca que “estos recortes son excluyentes, pero además arbitrarios e ilegítimos por las que de ponerse en práctica la Defensoría del Pueblo acudirá a la justicia en resguardo de esta amplia franja vulnerable de ciudadanos”.