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La Defensoría del Pueblo de la Provincia acaba de remitir una actuación a la secretaría de Comercio de la Nación, luego del anuncio efectuado por el ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, quien afirmó que: “En diez días se conocerá con precisión de cuánto serán los incrementos en energía y combustibles, previstos para los meses de febrero y marzo de éste año, respectivamente.

En éste sentido el Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca recordó que: “la labor Comercio de la Nación, conforme lo determinan las normas legales vigentes, debe centrarse en la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores, promoviendo políticas favorables a los mismos, con el objetivo de optimizar la calidad de vida de la población”.

“Aludiendo a tales deberes, -remarcó Gialluca-, es que requerimos al funcionario nacional que active políticas de protección para los sectores económicamente más vulnerables”.

Advierte que “los constantes incrementos en los bienes de consumo y los servicios públicos, han limado el salario de los trabajadores que perciben ingresos menores y los de las personas beneficiarias de planes sociales, los cuales no aguantan más presión, y sobre los mismos volverán a caer las consecuencias de los nuevos tarifazos por venir”.

Entiende que este impacto se dará de manera “directa e indirecta, pues la electricidad es un insumo básico para los hogares, tanto como lo es para la industria y el comercio los que, por efecto cascada, trasladan las alzas a los valores de los productos que ofrecen, generándose una cadena de subas que termina siempre sobre las espaldas de los usuarios y consumidores”.

Amplio diciendo que “no se debe perder de vista tampoco, la viciosa conducta especulativa de algunos sectores económicos del país, los que “aumentan por si acaso”.

“Es precisamente sobre la problemática descripta que debe actuar el secretario de Comercio de la Nación y, pasado un año de la nueva Administración Nacional, no vemos señales de ello, por el contrario el propio Ministro de Energía de la Nación afirmó que los combustibles subirán en función de lo que diga el mercado”, expuso.

Concluye enfatizando que lo señalado “es aberrante, pues indica que los usuarios y consumidores seremos dejados a la buena de Dios, frente a los grandes grupos económicos, entre los que, precisamente se hallan las petroleras. Esperamos que la situación actual se revierta en breve”, caso contrario, espetó el Defensor del Pueblo, “no nos quedará otra alternativa que acudir, una vez más, a la justicia en salvaguarda de los derechos colectivos de los formoseños”