RESOLUCION JUDICIAL
Foto ilustrativa
El Juzgado de Paz de Laguna Blanca resolvió el caso de un camionero que ingresó a la provincia y desvió su hoja de ruta, aplicándole un resarcimiento económico consistente en la donación a la comunidad de una parte de la carga de los productos frutihortícolas que estaba transportando.
La cuestión fue dirimida en menos de 72 horas y todo el trámite del expediente se llevó a cabo por medios electrónicos, incluso los tres imputados declararon ante la jueza por video-llamada desde el centro de aislamiento donde estaban alojados.
El caso
La causa judicial fue iniciada por infracción a los artículos 145 y 146 del Código de Faltas de la Provincia, cuando un camión proveniente de Jujuy entró a Formosa, desvió su hoja de ruta evadiendo los controles policiales y llegó a la localidad de Laguna Naineck, donde enseguida fue detectado por policías del lugar, que rápidamente secuestraron la unidad con los productos frutihortícolas que llevaba, poniendo a los involucrados: el chofer, las personas responsables de la carga, el propietario del galpón y otros vecinos que pudieron haber tenido contacto con los mismos, en inmediato aislamiento en los centros destinados al efecto en la ciudad de Formosa.
La jueza de Paz de Laguna Blanca fue informada del caso y sin perder tiempo remitió sendos oficios vía correo electrónics a diferentes oficinas para indagar sobre las documentaciones de la mercadería que traía el camión.
Al mismo tiempo, se comunicó por correo electrónico, por teléfono y por whatsapp con las diferentes oficinas de Coordinación del Covid-19 y con la Comisaría Cuarta, bajo cuya jurisdicción se encuentra el centro de aislamiento que funciona dentro del Polideportivo de la Escuela de Policía, intimando a que dentro del término de 24 horas sea identificado el propietario de la carga, con las documentaciones correspondientes.
En cuestión de horas identificaron y localizaron al dueño de los productos, residente en Jujuy, quien solicitó al Juzgado la restitución de la carga.
La resolución
Mientras tanto, uno de los imputados manifestó su deseo de aclarar el hecho ya que no quería involucrar a personas inocentes. El hombre y los otros dos implicados declararon por video-llamada desde los centros de aislamiento donde estaban alojados, y durante la diligencia procesal la jueza les hizo saber sobre los alcances de la suspensión del proceso a prueba y la posibilidad de ofrecer una reparación pecuniaria por el daño causado a la sociedad con la transgresión cometida.
Respecto a esto manifestaron que el dueño de los productos había señalado en su pedido de restitución que cedía parte de la mercadería -correspondiente al doble del importe de la multa que deberían abonar en caso de ser condenados- poniéndola a disposición del Juzgado para que sea entregada a una institución de bien público.
La propuesta coincidió con un pedido realizado por el Ministerio de la Comunidad para que en el hipotético caso que las mercaderías sean decomisadas, las mismas sean entregadas a este organismo para paliar necesidades alimentarias básicas de sectores más vulnerables de la sociedad.
La cuestión fue resuelta en esos términos el mismo día por el Juzgado, que dictó la Suspensión del Proceso a Prueba por un año, estableciendo un resarcimiento económico en especie a favor de la comunidad, ya que el afectado no sería un particular sino la sociedad en su conjunto.
La rápida respuesta del Juzgado de Paz de Laguna Blanca y el trabajo coordinado con las demás dependencias del Estado, fue reconocido y valorado por los vecinos de esa comunidad.
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