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“Que, un grupo de colegas que militan en la UCR y en el PRO quieran utilizar políticamente modificaciones en la norma que rige al Consejo Profesional de la Abogacía es lisa y llanamente intentar meterles miedo a los colegas, cuando no hay motivo para ello”, expuso el abogado del foro local, Williams Dardo Caraballo.

Explico que “el Consejo profesional de la Abogacía es una persona pública no estatal, es un logro que debemos defender, y no dejar que pase como con la Ex Caja Forense, precisamente manejada por quienes hoy nos critican y que terminara con el sistema de jubilaciones y obra social que teníamos los abogados del foro local”.

Sostuvo que “los fondos principales para sostener la institución son la venta de bonos y el pago de la matricula”, puntualizando que “sobre un total de 3680 profesionales matriculados, sólo pagaron la matricula en el año 2017, 180 aproximadamente, es decir menos del 5%”.

Afirmo en este marco que “solo en sueldos (es decir, sin contar luz, agua, limpieza, etc.) se gastan un promedio de pesos 92.614,00, más 58.497,20 de aportes a la AFIP, a lo que hay que sumarle los gastos de personal que no es empleado como el Contador y quienes facturan servicios como Gladys Riveros (ya jubilada)”.

Caraballo clarifico que “conforme la ley actual, el pago se fija en Jus, ya que es la moneda en la cual se regulan los honorarios, salvo que exista base. El colega que más pagaría es 10 Jus anual, los que se encuentren entre los 3 años y 20 años de profesión”. Incluso amplio diciendo que “el Consejo Profesional solo pretende el cobro de la matricula y los bonos, no tiene ningún tipo de injerencia en los honorarios, ni pretende quedarse con parte de los mismos, como ocurre con otros colegios profesionales e incluso con lo que ocurre en otras provincias”.

Aunque advierte que “la ley actual prevé la posibilidad de iniciar juicio de apremio, lo cual sigue vigente”, considera “ilógico iniciar más de tres mil juicios para lograr el pago y máxime por la duración del proceso, que todos sabemos, pese a la publicación de noticias en los medios dura aproximadamente tres años”.

En ese contexto expuso que “hay mecanismos establecidos en la legislación para lograr el pago de las acreencias con el Consejo como la suspensión de la matricula (lo cual causa un enorme daño no solo al matriculado, sino también a la población que utilice por desconocimiento el servicio del profesional, ya que el mismo a no tener matricula vigente, su escrito es inexistente con todas las consecuencias jurídicas que ello implica),  por lo que los mecanismos ahora otorgados son mucho menos gravosos que los actuales”.