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Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia, “repudiaron públicamente” la postura adoptada por el Senador Luis Naidenoff, quien, como parte del bloque el Pro y la UCR, votó “en contra” un proyecto de ley que establece un cupo mínimo de personas con capacidades diferentes en empresas privadas”.

Se expuso desde la Defensoria que no obstante lo cual, la iniciativa logró la media sanción, pues 33 senadores votaron a favor. Sobre este particular, el José Leonardo Gialluca, expuso: “Es preciso que se identifiquen a quienes nos pretenden dar un discurso humanista y, por otro lado, responden a las demandas de los que más necesitan de la peor manera. Éllos son, precisó el Ombudsman, los Senadores Federico Pinedo, Marta Varela, Laura Rodriguez Machado, Luis Naidenoff, Ernesto Martinez, Silvia Giacoppo, Elias de Perez, Julio Cobos, Juan Carlos Marino y Pedro Brailard, los que se opusieron al proyecto que busca insertar laboralmente a personas con capacidades diferentes en empresas privadas”.

Revelo que esta norma, remarcó el funcionario, es considerada de gran valor para las personas con capacidades diferentes, pues establece que el sector privado deberá incorporarlas como trabajadores de las mismas, al igual que sucede en la administración pública, teniendo en cuenta lo importante que es la integración social de los individuos que padecen discapacidades, por lo cual se contempla la obligación para que las compañías privadas que, en su plantel, superen los cien trabajadores, a efectos de que las mismas ocupen personas con capacidades diferentes que acrediten condiciones de idoneidad en una proporción no inferior al 4% del total sus nóminas de dependientes. Todo a fin de implementar lo establecido por las Leyes Nacionales 22.431, de Discapacidad y 25.212 Pacto Federal del Trabajo. Tenemos casos, en la Defensoría, en los que se ha probado que algunas empresas han rechazado a trabajadores por el solo hecho de tener alguna discapacidad o deficiencia física, pese a que los mismos son plenamente idóneos para las labores que demandan las compañías privadas.

También resultan lamentables, abundó el Defensor, los lobbys empresariales que han trabajado para que éste proyecto no se pueda tratar, el cual, de no ser sancionado como ley, dejaría indefensos a los más débiles, que son las personas con capacidades diferentes que siguen buscando trabajo, no solo sin recibir ningún tipo de respuesta del sector empresarial sino siendo descartados. La administración pública tiene su cupo, por qué no lo puede tener la actividad privada”.