Edgar Pérez informó que en Formosa 1.201 productos fueron alcanzados por los aumentos en el programa “Precios Máximos”
A través de la Disposición 13/2020 publicada el miércoles pasado en el Boletín Oficial, se establecieron nuevos precios máximos para lácteos y frescos que aumentaron un 3%; harinas, fideos, galletitas y panificados, 4%; limpieza del hogar, cocina y bazar, 2,5%; cuidado personal, 3,5%; bebidas, aceites, arroz y legumbres, 4%; infusiones, 4,5%; conservas, dulces, endulzantes y encurtidos, 3%; sopas, caldos, puré, aderezos, condimentos y snacks, 2%; alimentos congelados, 2,5%; y alimentos para mascotas, 2%.
Al respecto, el funcionario a cargo de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, Edgar Pérez, informó que en la provincia son 1.201 los artículos que fueron alcanzados por la disposición y que, progresivamente, los comercios fueron actualizando sus respectivos listados, pero que esto “de ninguna manera generó o genera un desabastecimiento, ya que el gobierno nacional y el provincial han instrumentado las medidas para que los bienes esenciales -como los alimentos- no se interrumpan en su abastecimiento”.
Una oficina más
Por otra parte, Pérez brindó detalles sobre la nueva oficina de la Subsecretaría, la cual funciona desde principios de julio en Fontana 840 de la ciudad de Formosa.
“Estamos trabajando desde el 2 de julio, siempre bajo los protocolos sanitarios, en una oficina más ya que las audiencias de conciliación son presenciales y allí interviene un abogado perteneciente al organismo -que hace de conciliador- más el consumidor que efectuó la denuncia y el representante de la empresa denunciada. Éste es un proceso administrativo totalmente gratuito”, explicó el funcionario.
Asimismo, detalló que se suelen dar diferentes escenarios en los que Defensa al Consumidor debe intervenir, controles en la vía pública a quienes comercializan alimentos, productos, entre otros, y para ello cuentan con la Ley de Abastecimiento a la que describió como “una herramienta que tenemos como Estado para fiscalizarlos”.
Valoró que “en este momento tan particular que nos toca vivir, la decisión de nuestro Gobernador es que los controles de Defensa al Consumidor se centren en dos aspectos: Uno es el cuidado de la salud desde la visión integral -fiscalizando correctamente con el fin de que no se dañe la salud del consumidor-; y por el otro lado, la política peronista de Alberto Fernández, que a partir del 10 de diciembre tomó un protagonismo muy presente con herramientas que garantizan derechos, ya que veníamos de cuatro años en los que Defensa al Consumidor fue totalmente ignorado a nivel nacional y el organismo de Comercio Exterior no existía, políticas de defensa y derechos al consumidor tampoco”.
“Ahora, la decisión es otra y estamos en la misma línea bajo la conducción del compañero Gildo Insfrán, la cual es defender el bolsillo del consumidor”, continuó Pérez, y subrayó que el organismo a su cargo apunta a garantizar el acceso a precios justos y razonables a los bienes de consumo, sobre todo los esenciales.
Sobre el final, aclaró que las fiscalizaciones en la vía pública y las actuaciones de oficio generan determinada acción en las calles, mientras que las desarrolladas a través de las denuncias de los consumidores se resuelven en la oficina de la subsecretaría a través de las audiencias de conciliación con los procedimientos que establece la Ley Nacional de Defensa al Consumidor y la propia Ley N° 1480 de Procedimiento Administrativo.
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