Defensoria: El que corta una ruta comete un delito

Compartir

El Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca, volvió a reclamar a la Justicia Federal que de trámite a las denuncias penales presentadas en defensa de los usuarios de las Rutas Nacionales y que tienen por objetivo restablecer el ejercicio del derecho al libre tránsito de las personas sobre las mismas, toda vez que es necesario que el Juez Federal Subrogante Fernando Carbajal haga cumplir el Código Penal para evitar estas permanentes vulneraciones de derechos y además el mismo debe actuar con todo el peso de la Ley, ya que las personas que cortan una ruta están cometiendo un delito y en consecuencia son unos delincuentes (denuncia penal por el corte de la Ruta Nacional Nº 81 a la altura de Bartolomé de las Casas Expte. Nº 11260/19 – NN – Art. 194 CPA Juzgado Federal Nº 1 con requisitoria de la Fiscalía Federal Nº 1).

Institucionalmente desde el Organismo de la Constitución, nos hemos reunido en más de una oportunidad con distintos grupos de originarios integrantes de la Comunidad de Bartolomé de las Casas y con la finalidad de ayudarlos, de contenerlos, de informarles cuales son sus derechos y así puedan conformar de una vez por todas una Comisión de Autoconstrucción de Viviendas. Gialluca señaló que los desencuentros internos y las peleas entre los mismos, han llevado a que en la actualidad se paralicen actividades de construcción de módulos para las familias que más las necesitan, y esto se lo hemos hecho ver en reiteradas ocasiones.

«No puede ser que tengamos un Juez Federal que afirme que no es necesaria una orden judicial para proceder a un desalojo de un espacio público como lo es una ruta. Tampoco puede afirmar que no le corresponde a la Justicia Federal intervenir y que en este caso le corresponde a las Fuerzas de Seguridad hacerlo, pero dentro de un marco de legalidad».

Desde el Organismo de la Constitución, se denunció que el Juez Federal Subrogante Fernando Carbajal incurre en el delito de denegación de justicia tipificado en el Art. 273 del CPA que reza:“Será reprimido con inhabilitación absoluta de uno a cuatro años, el juez que se negare a juzgar so pretexto de obscuridad, insuficiencia o silencio de la ley.En la misma pena incurrirá el juez que retardare maliciosamente la administración de justicia después de requerido por las partes y de vencidos los términos legales.”

Es increíble que los Formoseños tengamos que escuchar de un Juez Federal que no es necesaria una orden del mismo para poner las cosas en su lugar, en más ni siquiera el Juez ha utilizado el sentido común en tanto y en cuanto le hemos pedido hace meses que convoque a una nueva Audiencia Multipropósito que es lo que ha establecido como mecanismo la Cámara de Apelaciones de Resistencia, quien además le ha peticionado al Juez que sea proactivo y que no se ponga en una posición contemplativa muy cómoda frente a los cortes de rutas que constituyen un delito. Se ha llegado a agredir a un periodista en el día de ayer y si seguimos así, seguramente tendremos que lamentar víctimas fatales porque ya nadie soporta ni entiende que la Justicia, “mire hacia los costados, siendo que tiene todos los informes de Gendarmería Nacional para actuar, identificados a los autores materiales y también a los intelectuales y sin embargo, toda nuestra Comunidad está indefensa”.

Que quede bien en claro; no estamos criminalizando las protestas sociales, -protestar se puede en cualquier sitio, en cambio transitar solamente se lo puede hacer por las rutas-, porque cuando existen intereses contrapuestos o un choque de derechos entre, el de libre transito y el de protestar, todo esto es una gran mentira, el que corta una ruta comete un delito y no hay -choque de nada-, puesto que las Autoridades Provinciales ya les han dado todas las oportunidades para que conformen la Comisión de Autoconstrucción y si algunos grupos de la Comunidad de Bartolomé de las Casas piensa y actúa como si vivieran en un Estado independiente, donde la Ley no llega y el Código Penal tampoco, esto es consecuencia de que hay Jueces que no quieren aplicar la Ley y creen que la Constitución Nacional y el Código Penal fue escrito con un simple sentido recreativo, y es por ello que toda la ciudadanía está convencida de que tenemos fiscales temerosos y jueces politizados.