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El Ombudsman Provincial José Leonardo Gialluca, denunció que “en nuestra provincia se han dado de baja o suspendidas unas diez mil pensiones por discapacidad”.

Pidió a todos aquellos beneficiarios que tengan problemas con el cobro de pensiones por discapacidad u otros beneficios sociales que se acerquen a la sede de la Defensoría del Pueblo sito en Padre Patiño 831 tanto en horario matutino como vespertino o nos contacten a los correos electrónicos depuefor@fibertel.com.ar y/o denuncia@formosa.gov.ar, para evaluar cada caso en particular y concretar los planteos necesarios.

El funcionario señaló que, “se ha vuelto una costumbre en los últimos meses la visita de personas que cobraron la pensión y se acercan a preguntar si el mes que viene se le va a pagar el beneficio, todo esto genera gran angustia e incertidumbre, pues recordó que en muchos casos se trata de personas que padecen gravísimas discapacidades.

Agregó que estos grupos familiares no tienen recursos para obtener lo básico y es lamentable que la Ministra de Desarrollo Social de Nación, Carolina Stanley no cumpla con su palabra de restablecer todas las pensiones suspendidas o dadas de baja y posteriormente analizar las mismas, puesto que en estos casos, “no hubo notificación previa de la decisión unilateral adoptada y menos aún se le dio a los beneficiarios la posibilidad de ejercer su derecho constitucional de defensa y es por ello que se producen tantos errores que están actualmente perjudicando a miles de familias”.

Por otra parte, informo que el Gobierno Nacional aceptó formalmente la renuncia de la titular de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS), Sara Valassina y publicó el nombramiento de su reemplazante, Javier Ureta Sáenz Peña, quien anteriormente se desempeñaba en el Ministerio de Medio Ambiente.

El decreto lleva la firma del presidente Mauricio Macri y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, en cuya área se encuentra otra repartición, que sostuvo que “en junio último generó un escándalo al realizar un recorte indiscriminado de subsidios por discapacidad, que luego el gobierno consideró un error y retrotrajo la medida”.