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Desde la Defensoría del Pueblo, se señaló que, si bien el uso de tarjetas de créditos permite resolver en el momento la falta de dinero en efectivo, trae aparejado a largo plazo una deuda mucho mayor.

Se recomendó por ello, la necesidad de abonar al cierre de cada mes el 100% del saldo de la tarjeta y no aceptar la opción del pago mínimo, puesto que, al mes siguiente, los gastos de intereses que ocasiona ese pago mínimo se tornan impagables. No hay forma de sostener tasas que llegan en algunos casos al 100% anual.

 Venimos observando que, en la actualidad se produce que la mayoría de las familias que realizan las compras de productos alimenticios en los supermercados u otros comercios abonan con tarjetas de crédito. Eso da la pauta de la crisis en la que estamos, la gente abona la comida en cuotas, el mes que viene o la semana que viene la tienen que volver a comprarla de igual manera. El resultado de esto es una bola de nieve imparable.

Asimismo, se ha podido observar que algunos supermercados y comercios solo se permiten llevar una unidad de aceite o de harina por grupo familiar. Racionar los productos es algo normal en crisis como las que estamos viviendo y el motivo es que, al dispararse los indicadores económicos, las empresas formadoras de precios no saben lo que valen los bienes que tienen, por lo que no entregan productos a los distribuidores y por ende a los supermercados o comerciantes.

Así los supermercados o los mayoristas, no pueden vender 10 bolsas de harina a una persona, cuando no sabe cuándo la va a reponer y a que valor. En lo que respecta al faltante de los precios en góndola, desde la Defensoría del Pueblo se señaló que dada la corrida cambiaria que hubo, las empresas no tienen el tiempo de colocar el precio que corresponde por sistema. 

Sin embargo, consideró que para el ciudadano es necesario saber cuál es el valor del producto para poder conocer si luego podrá o no abonarlo en caja, y por ello, se sugirió a todos los consumidores adoptar las precauciones necesarias y entre las mismas, preguntar a los empleados de cada lugar que se les informe el precio o valor que tiene cada producto, o recurrir en el caso de existir, a las lectoras de código de barras.

Por último, para el caso en que se le pretenda cobrar precios irracionales, no adquirir los mismos y ver siempre la posibilidad de encontrar sustitutos o directamente otros lugares de venta, y aquí es importantísimo que cada consumidor controle lo que paga en las cajas y guarde los “tickets” correspondientes para poder luego hacer cualquier tipo de reclamo o denuncia ante la Defensoría del Pueblo.