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La Fiscal de Estado de la provincia, Stella Zabala de Copes confirmo que este miércoles cumplió con las directivas recibidas del gobernador Gildo Insfrán demandando ante la Corte Suprema de Justicia al Estado Nacional que dispuso el tarifazo eléctrico.

Explico que “esta mañana (por el miércoles) la provincia presento una acción de amparo contra el Estado Nacional, planteando la inconstitucionalidad y una medida de no innovar contra la Resolución 366/18 de la secretaría de Energía de la Nación, que fue la que estableció los últimos aumentos en el costo de la energía eléctrica”.

Como lo anticipo, dijo que “pedimos que se retrotraigan los precios de la tarifa a octubre de 2018 y que no haya más aumentos, en el claro entendimiento de que se tratan de medidas totalmente inconstitucionales y,  provocan un menoscabo en los intereses de todos los usuarios y de la misma provincia que actúa como un usuario más”.

Afirmo que “el estado nacional reconoce los derechos de los usuarios de los servicios públicos para que se los proteja en materia de salud, seguridad y los intereses económicos”, advirtiendo que “en estos momentos se está afectando el patrimonio de los ciudadanos que dejan de atender otras necesidades básicas fundamentales para poder cumplir con este tipo de facturas”.

Zabala de Copes amplio diciendo que “al ser derogada la tarifa social por parte de la Nación, la provincia tuvo que acudir con recursos del erario por $40 millones por mes para suplir con recursos propios este beneficio. Es decir que ese recurso podría estar destinado a otro tipo de cuestiones, pero debe afectarlo para paliar en alguna medida esta decisión, y provoca un perjuicio al estado formoseño, totalmente violatorio de derecho constitucional”.

Explico la Fiscal que “se acudió ante la Corte Suprema y no la justicia federal, porque se demanda al estado nacional y, si bien algunas provincias optaron por esta segunda opción, hubieron pronunciamos de fiscales federales declarando la incompetencia en intervenir”.