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Ya son 14 las provincias, entre ellas Formosa, que acudieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para exigir la suspensión de las últimas medidas que el presidente Mauricio Macri anunció tras su contundente derrota ante la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner del Frente de Todos (FdT).

Los gobernadores sostienen que las medidas oficialistas para “paliar” la situación económica de la clase media son inconstitucionales e implican quitas de entre 600 y 1900 millones de pesos a cada una de ellas en concepto de Coparticipación Federal.

Con excepción de las oficialistas (Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Jujuy, Corrientes y Mendoza), el resto de los distritos unificaron una estrategia e instruyeron a sus fiscales de Estado para que presenten una medida cautelar “no para frenar las medidas económicas anunciadas, sino para que no se saquen fondos a las provincias”.

Al respecto, la fiscal de Estado de Formosa, la doctora Stella Maris Zabala de Copes, expuso que “Formosa ha ido junto con 14 provincias a la Corte Suprema. Los fiscales consideramos que este es un número bastante importante porque es más de la mitad de las provincias, entendiendo que hay algunas que son de sectores políticos que creen que no deben concurrir”.

“Nosotros hemos ido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación cumpliendo un mandato, una orden, que nos impartió el gobernador Gildo Insfrán porque vamos en defensa de los intereses de los formoseños”, ratificó, contundente.

Hizo notar que “quiero que esto verdaderamente se entienda porque suelo escuchar como que hay una especie de falta de sensibilidad (de los gobernadores)”, advirtiendo que desde el orden nacional se intenta “establecer una falsa dicotomía de que si se está o no, se tiene o no sensibilidad en estos temas, con quiénes están las provincias”.

Categórica, enfatizó que “las provincias están en esto con la gente, total y absolutamente. Estamos defendiendo los intereses de la gente”.

“Nosotros tenemos muy claro el tema: cualquier medida económica que coadyuve a mejorar la situación económica y social es apoyada, pero que no se haga con fondos que nos pertenecen, porque de esa manera es como que se pone plata en un bolsillo y saca de otro”, remarcó la funcionaria.

Afirmó que de la manera en que el Gobierno de Macri anunció la serie de medidas pro-consumo “no sirve, no corresponde y no debe hacerse tampoco porque es inconstitucional. No puede hacerse por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y porque esta disposición afecta a las provincias, a las que les dejan de ingresar fondos que están destinados a gastos corrientes: salud, educación, pago de sueldos, entre otros”.

“Está muy bien que se tomen todas las medidas destinadas a paliar la crisis económica y social, pero que se hagan con fondos del Tesoro Nacional, no fondos provinciales”, significó Zabala de Copes.

En ese sentido, recalcó que “hemos ido a la Corte diciéndoles que no corresponde y que son medidas que se han tomado total y absolutamente de manera unilateral, sin ser consultadas las provincias; se trata de fondos que no podían disponerse así porque eran impuestos que ingresaban al erario provincial y que estaban destinados a estos fines”, finalizó.