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El mismo establece, entre otras cosas, que no habrá aumentos hasta el 31 de diciembre.

Durante una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Ibáñez, se refirió al decreto presidencial que regula las tarifas de las empresas de telefonía celular, servicios de Internet y televisión paga, que anunció el viernes pasado el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

“Por el mes de marzo se dictó un decreto por el cual quien tuviere tres boletas impagas todavía no se les cortaba el servicio, luego se postergó el plazo de ese decreto. Ocurrió que, no obstante esa prohibición, las compañías seguían aumentando sus tarifas”, sostuvo.

Y relató: “En marzo, una de las prestatarias telefónicas aumentó un 3%, cuando las asociaciones de consumidores solicitan la información para ver cuál era la argumentación por la cual ya estábamos inmersos en plena pandemia, si aumentaba este volumen de precio, la empresa libre de cuerpo dice que esto estaba pactado en 2019”.

En ese contexto, se dictó este nuevo decreto por el cual se declaró a la telefonía celular y fija, los servicios de internet y la tv paga como servicios públicos esenciales y se congelarán los precios hasta el 31 de diciembre.

“Esta declaración del servicio público implica un cambio de categoría en la prestación y en la relación del Estado con las empresas, entre ellas Telecom, Telefónica, Claro, Cablevisión, Fibertel, Telecentro, entre otras”, explicó el funcionario.

A partir de este decreto, las empresas no tendrán precios sino tarifas, que deberán acordar con el Estado y no podrán aplicar aumentos en forma unilateral. Además, el Estado se involucrará en la política de inversiones y podrá observar donde se están volcando los recursos.

Por otro lado, Ibáñez indicó el alcance que tendrá esta medida y en primer lugar remarcó que el decreto considera que la educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y la comunicación, son derechos básicos.

También habrá planes inclusivos de prestación básica universal y obligatoria para los que menos tienen; se congelan las tarifas hasta el 31 de diciembre; y los futuros aumentos deben contar con autorización. Es decir, que el Estado recupera las herramientas regulatorias.

“Con la pandemia quedó en claro que lamentablemente por más que la educación intentó realizarse a distancia con sistemas tecnológicos modernos, muchas familias no tenían acceso por el costo de los mismos. Lo mismo con el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comunicación”, señaló.

Y sentenció: “Por lo tanto, consideramos que este decreto es de una transcendencia enorme”.