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El Ombudsman Provincial, señaló como inoportuno disponer un incremento en un servicio público en el momento en que “supuestamente” se realiza desde el Gobierno Nacional un esfuerzo por proteger la economía de los sectores socioeconómicamente más castigados del país, los cuales son los más perjudicados por la crisis económica que atravesamos.

Al elevarse el costo del transporte, es decir el precio que se paga a la empresa TRANSNEA para hacer llegar la energía al territorio provincial, la Distribuidora local, REFSA, seguramente trasladará el mayor costo a los usuarios residenciales y comerciales.

La medida es irracional, subrayo además Gialluca, pues impactará precisamente en franjas sociales vulnerables de la clase media que están haciendo enormes esfuerzos por soportar el peso que las elevadas tarifas fijadas por el Gobierno Nacional cargan sobre sus devaluados salarios, golpeados por una inflación que no parece que pueda ser contenida con las recientes acciones dispuestas de manera paliativa por la actual administración de Mauricio Macri.

Finalmente, enfatizó el funcionario provincial, la objeción más seria que podemos hacer a la Resolución 270/19 del ENRE es que la misma es abiertamente Inconstitucional, pues viola elementales garantías previstas por la Constitución Nacional en su Art. 42 que apuntan a brindar adecuada y veraz información, como así también a proteger los intereses económicos de los usuarios en la relación de consumo.

Todo lo cual se sintetiza en la obligación del ENRE de llamar a Audiencia Pública, en los casos de fijación de nuevas tarifas de transporte de energía, conforme el Art. 46 de la Ley Nacional Nº 24.065 de creación del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, procedimiento que no se ha seguido en lo absoluto y que habilita el planteo de inconstitucionalidad por ante la Justicia Federal el cual estaremos formalizando en los próximos días. Gialluca recordó que esto ya no es una casualidad, toda vez que el Directorio del ENRE está dirigido por Andrés Chambouleyron, quien fuera durante años el segundo del Ing. Juan José Aranguren quienes pasarán a la historia por no respetar las decisiones de la CSJN en cuanto a modificar precios de tarifas sin convocar a Audiencias Públicas.