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Hasta el momento, IASEP es la única obra social que cubre el procedimiento en la provincia.

En diálogo exclusivo con AGENFOR, el bioquímico Raymundo Motter, confirmó que ya realizan los test rápidos de antígenos y anticuerpos y brindó detalles acerca de cómo se llevan a cabo los mismos.

“Cuando el Consejo COVID autorizó a los laboratorios privados a hacer la prueba pusimos en marcha la tecnología necesaria para eso, que no es muy complicada, queda claro que el diagnóstico lo termina haciendo la UPAC. Nosotros hacemos pruebas que ayudan y si dan positivas, se confirma y se ratifica en la UPAC”, indicó.

Respecto a la inversión que debieron hacer para llevar a cabo estas pruebas, el especialista dijo que no fue “muy grande” y “soportable” para cualquier laboratorio.

“Cuando comenzó la pandemia sí era caro, pero ahora bajó porque lo producen muchos laboratorios, hay 30 proveedores de los reactivos”, señaló.

Además, Motter argumentó para el test de antígeno se hace en un hisopado nasofaríngeo con una prueba  inmunocromatografía y aclaró: “En realidad, nuestra técnica es por inmunofluorescencia, el antígeno aparece aproximadamente de los 5 a 7 días de haber estado en contacto con una persona positiva, pero sirve cuando es positivo, cuando es negativo no quiere decir que no tenga el COVID”.

En cuanto al procedimiento, el profesional detalló que las muestras se toman en el horario de 9 a 10 horas por la mañana y de 16 a 17 horas por la tarde, porque se debe equipar al personal que realiza las pruebas con el equipamiento de seguridad descartable y disponer de una sala exclusiva para hacerlo porque “no debe estar en contacto con el resto de las personas”.

“También hacemos los anticuerpos que aparecen desde el 7 día de haber estado con la patología, para saber si tuviste la enfermedad y es útil para aquellas personas asintomáticas para saber donde estuvieron y controlar su alrededor”, aseveró.

En relación al costo, Motter precisó que el test de antígeno sale 3500 pesos y el de anticuerpos, 2 mil; y que la primera obra social que reconoce el trámite a sus afiliados es el IASEP.

“El único problema es el mal uso de esto. Yo siempre digo que la razonabilidad tiene que imperar en este tipo de cosas y no hay que enloquecerse ni asustarse detrás de esto”, advirtió.

Y concluyó: “Lo primero que tienen que suceder es que el médico debe analizar y ver qué pedir al paciente, pero no hacerlo indiscriminadamente porque no va a tener sentido y se van a fundir las obras sociales. Hay que hacerlo para que sirva”.