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El coordinador del Centro Nelson Mandela, Eduardo Davis involucro a la máxima dirigencia del radicalismo provincial, caso el senador Luis Naidenoff, el diputado nacional Martin Hernández y su hermano el doctor Daniel Hernández y al titular del PAMI local, Iván Kaluk, en la banda denominada los “roba abuelos”.

Expuso que se trataba de una maniobra de defraudación que se fundaba en internaciones domiciliarias falsas, con la participación de prestadoras médicas fingidas con un único trabajo de presentar documentación falsas de internaciones y cobrar por un servicio que jamás existió.

Recordó que hace un año denuncio esta estafa a través del Centro Mandela del cual es parte, y que se daba en la actual gestión de la obra social nacional en Formosa, ya que se trataban de hechos ocurridos desde el 2016 y se intensificaron en el 2017.

Indico que nacionalmente se acaban de hacer eco de las

“denuncias hechas por afiliados del PAMI y que motorizaron una auditoria que hizo la Unidad Fiscal de la obra social. Fue ahí que salió a la luz todas las irregularidades que hizo que me presentara a la justicia haciendo la denuncia correspondiente”.

Aclaro Davis que “la causa no está paralizada, muchas veces los tiempos de la justicia no son los del común de la gente. Aquí se siguió investigando y la Fiscalía Federal 1 ordeno dos allanamientos a cargo de Gendarmería, mas las pruebas que aportamos en todo este tiempo”.

Sostuvo que “dada la gravedad de la defraudación contra el PAMI tomo mayor estado público. Es de tal magnitud el fraude, que el de Formosa llamo la atención en todo el país”

Cuando fue consultado acerca de quiénes son los responsables del ilícito, respondió: “Nosotros pedimos que se investigue, aunque sabemos que los jefes políticos son los responsables directos de estos hechos. En este caso Iván Kaluk es sobrino del senador (Luis) Naidenoff y, Daniel Hernández que fue removido de sus funciones es hermano del diputado Martin Hernández”.

Insistió en que “acá hay una responsabilidad  política, jurídica e institucional”, entendiendo en que “tienen que ser citados a responder”.

Expuso que “fue en el 2017 donde ocurrió la mayor cantidad de irregularidades, cuantifico la defraudación en el orden de los 30 millones de pesos”, aunque aclaro que “puede ser mucho más, lo determinaran los peritos contables en el proceso de elevación a juicio”.

Expuso que “el mecanismo defraudatorio que denunciamos es que armaban prestadoras, eran ficticias, por ejemplo en Ayacucho casi Sarmiento existía una prestadora que se llama Centro de Medicina Familiar que casi todo el tiempo está cerrada, nunca se vio a nadie atendiendo”.

“Tomaban los datos de los afiliados, a quienes en algunos casis se hacían firmar y en otros se tratan de firmas apócrifas, solicitando una internación domiciliaria por alguna dolencia que le causaba un estado de invalidez. En algunos casos no recibieron ninguna atención y en otros ni se enteran que tenían la condición de internación domiciliaria”, explico.

“Todo esto se cobraba, se facturaban muy bien”, afirmo, advirtiendo que “estamos hablando del 2017 donde se reeligió el senador Naidenioff, donde prácticamente se cuadriplicaron las internaciones domiciliarias”, denuncio.

Revelo que “esto genero que a fines de 2017 y a partir de denuncias de afiliados, en Buenos Aires se ordenara una auditoria. Los auditores investigadores constataron que esa gente no necesitaba o no sabía que tenían una internación domiciliaria”.

Grotesco

Ilustro que “hay un caso muy grotesco: fueron al domicilio de una  jubilada que figuraba estaba en una silla de ruedas por una operación de prótesis, y en cambio los auditores la encontraron haciendo pilates (sistema de entrenamiento físico y mental)”, subrayando que “se probo que esas internaciones eran ficticias que solo figuraban en los papeles, con prestadoras medicas que le ponían la firma a todas esas maniobras y pasaban por el PAMI a cobrar”.

Comento que “fueron surgiendo muchos damnificados de gente que fue a pedir una prótesis y figuraban que se habían operado de la cadera o de la rodilla, o sea que supuestamente ya recibieron esa prestación que esta pagada”.

“Pedimos a toda esta gente que se presente ante la Fiscalía 1 del Juzgado Federal para testificar, brindar su testimonio y aportar toda documentación que posean, incluso me ofrezco a acompañarlos”, dijo Davis.

Conto que “existen arrepentidos y también grabaciones que pondremos a disposición de la Fiscalía Federal”, afirmando que “existen pruebas muy fuertes que las iremos aportando a poco de finalizar la feria judicial”, para exponer finalmente “estaremos ofreciendo testigos cuya identidad pedimos se mantenga en reserva para que no sean coaccionados, queremos que declaren libremente”.