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El presidente Mauricio Macri anunció el congelamiento de precios de los combustibles el día miércoles pasado y de inmediato, algunos estacioneros celebraron la medida por el doble efecto: más consumo y menos inflación tras la subida del dólar a $61.

Nuevamente, desde la Defensoría del Pueblo denunciaron que “las petroleras impusieron su criterio y lograron frenar la iniciativa. Las tres variables que determinan el costo del combustible en la Argentina tras la liberalización del mercado en la época del Ex Ministro Aranguren son: el tipo de cambio, el Brent y los biocombustibles, en menor medida se incluyen los impuestos que se actualizan automáticamente cada tres meses. Las empresas Petroleras, no están dispuestos a resignar la actualización del valor de las naftas con el dólar a $61 o a $57 y lograron que el Secretario de Energía de Nación Gustavo Lopetegui, las convoque al diálogo”.

Se advirtió que las compañías “amenazan y alertan” sobre un futuro desabastecimiento a partir de las decisiones de las petroleras de cuidar exclusivamente sus finanzas y, “hasta tanto el Gobierno Nacional no instrumente un “Plan de Compensaciones” a favor de las mismas por este esfuerzo que deberán hacer, toda vez que en el caso del precio del litro de la nafta se determina mayormente por el costo del dólar y es aquí donde las firmas deberán destinar muchos más pesos para pagar el crudo”.

Así, “el congelamiento quedó congelado” y desde el Organismo de la Constitución Provincial, señalaron que no hay que olvidar, “que luego de liberar el precio de los combustibles, sucede que las petroleras no están obligadas a pedir ningún tipo de permiso para cambiar sus valores en las estaciones de servicios y hasta ahora en estos últimos 3 años, no hemos visto un acompañamiento empresarial hacia favor de los consumidores”.

El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, informó que de un relevamiento llevado a cabo en nuestra Ciudad Capital, los valores de los carburantes son los siguientes: *Estaciones de Bandera Blanca: super $51,20, gasoil $47,90, pódium (nafta especial) $53,90, euro diesel $54,80. *AXION: super $48,98, quantium $54,25, diesel $45,98, quantium diesel $53,69. *SHELL: super $48,39, v. power $53,79, diesel $46,55, v. power diesel $52,99. *YPF: super $47,96, infinia $52,95, diesel infinia $52,39, diesel 500 $44,52, por lo que pidió a los consumidores que, en caso de encontrarse con valores superiores, se contacten con el Organismo de la Constitución señalando los lugares que incumplan esta medida ya sea personalmente o por correo electrónico denuncia@formosa.gov.ardepuefor@fibertel.com.ar o telefónicamente 0370- 4436379 – 4436320 – 0800 444 1770.

Es por ello que la Defensoría entiende que “la Secretaría de Energía de Nación, debe aplicar la Ley de Abastecimiento. Así la Ley Nº 20.680 brinda al Poder Ejecutivo Nacional la facultad de fijar precios mínimos y máximos a bienes esenciales e incluso lo autoriza a recurrir a las Fuerzas Armadas y de Seguridad para restablecer la cadena de abastecimiento, ante una eventual falta de productos. También establece la aplicación de sanciones que van desde multas hasta 4 años de prisión para aquellos empresarios que provoquen maniobras de desabastecimiento”.

Si bien los gobiernos han sido reacios a aplicar esta normativa que se encuentra vigente, y solamente existe antecedente de los últimos tiempos, en el año 2006 de su aplicación contra SHELL por faltante de gasoil; hasta hay juristas que consideran que la normativa no es constitucional y por lo tanto no debería ser aplicada.

Desde la Defensoría del Pueblo,se indicó que “no es momento para que aumenten los combustibles, pues ya todos conocemos las consecuencias directas e indirectas que ello produce sobre las economías familiares, más en provincias como Formosa, donde el ítem transporte o traslado de mercaderías, hace que estas últimas sean siempre mucho más caras que en el centro del país y hasta los propios carburantes están por encima de lo que se paga actualmente en otras jurisdicciones y es por ello que, el Gobierno Nacional debe hacer uso de todas las normativas vigentes para evitar que las empresas petroleras continúen sumando abultadas ganancias siempre a costa del bolsillo de los trabajadores”.