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Desde la Defensoría del Pueblo, se interpusieron sendos informes a esferas nacionales como la de Hábitat y Desarrollo Humano y del Plan Belgrano, a fin de que se precise respecto a los proyectos para la construcción de viviendas que se han programado para la provincia de Formosa.

Fue explicado que dicho programa “tiene por objetivo permitir el acceso a un “techo digno” principalmente a los ciudadanos que viven en las 10 provincias del norte argentino, Formosa, Chaco, Corrientes ,Misiones, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Jujuy y Salta, considerando que en el caso de nuestra jurisdicción el 100% de las familias que demandan una vivienda,  “no califican para los créditos Procrear que está dirigido para quienes ganan entre 2 o 4 salarios mínimos y tampoco para los promovidos créditos hipotecarios a 30 años, que son destinados a quienes ganas más de 36.000 al mes”.

En este sentido el Ombudsman José Leonardo Gialluca, señalo que “la actual subsecretaria del Hábitat, al no utilizar a los Institutos Provinciales de Vivienda, necesitamos que le den en forma urgente una respuesta a los intendentes y que también el Gobierno Nacional avance en el terreno con las obras principalmente destinadas a la construcción de viviendas o en algunos casos el mejoramiento de las ya existentes para que las personas puedan vivir dignamente”.

En este mismo sentido, se señaló desde el Organismo de la Constitución, que “además hemos solicitado al actual titular del Plan Belgrano, José Cano, nos ilustre en que obras se han invertido los más de 6.000 millones de pesos de los aproximadamente 18.000 millones de pesos, que están destinados para beneficiar con viviendas a familias formoseñas, pues es necesario contar institucionalmente con toda esta información y así poder ir trasladando respuestas concretas a todos los que actualmente carecen de un techo propio”.

Gialluca sostuvo que “reviste carácter de urgente la inversión del Estado Nacional que viene recibiendo del BID, el CAF , el Banco Mundial y el BCID, entre otros, importantes créditos que deberían ser utilizados federalmente y destinados al norte argentino, donde las demandas sociales siempre son mucho más necesarias y de esta manera combatir también la pobreza estructural en la que se ha inmerso a millones de familias, como consecuencia de un plan económico que no es inclusivo e impide a las mismas acceder como dijimos anteriormente a incentivos que están destinados a otras franjas sociales, que no son precisamente las comunidades originarias y menos aún los empleados públicos, municipales o provinciales”.