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Como consecuencia de la subasta pública que se realizara a principios de setiembre entre los días 6 y 8 y que alcanzara a más de 6 millones de pesos, suma está conformada por productos importados confiscados en los distintos pasos fronterizos en la zona de Cuyo en los últimos 5 años, es que se planteo la suspensión  de la misma dado el altp grado de afectación que producirá a las industrias y pymes nacionales.

Se tratan de  computadoras, celulares, electrodomésticos, artículos deportivos, autos, cámaras de video, equipos para industria vitivinícola, entre otros, que según advirtió el presidente de la CAPyMEF, Antonio Fabián Hryniewicz, en planteo hecho a la Defensoría del Pueblo, que arbitre las medidas necesarias ante las autoridades competentes para que estas subastas de mercaderías de origen importados procedentes de secuestros por infracciones aduaneras, no se lleven a cabo.

Indico que se tratan de productos que fue sacado tanto a viajeros provenientes de Chile como a empresas que han tomado a este país fronterizo como una “Nueva Miami” con interminables -tours de compras- donde los argentinos realizan adquisiciones por millones de dólares , situación está que tiene paralelismo con lo que sucede en nuestra provincia en relación a las compras que se llevan a cabo en la República del Paraguay.

El pedido esta fundando en el requerimiento en la grave situación económica que atraviesan actualmente las PyMES nacionales, “quienes han perdido toda posibilidad competitiva, poniéndolas  con estos actos en una tremenda desventaja productiva y comercial con sus pares extranjeras, por lo que la mercadería subastada lograra fácilmente en nuestra plaza local reemplazar a productos de la industria nacional”.

Por otro lado se señaló que el nocivo efecto del “comercio ilegal” y sus manufacturas en establecimientos clandestinos apelando a mano de obra ilegal y falsificando marcas y productos, pueden utilizar la documentación emitida en las subastas para legitimar el acopio, tránsito y comercialización de mercaderías de similares características a la subastada. Proponiendo entonces la CAPyMEF, “que toda esa mercadería secuestrada por las Aduanas, sea destinada a las fuerzas de seguridad e instituciones de beneficio público como hospitales y escuelas, conforme lo establecen los Arts. 4 y 5 de la Ley 25.603 y en el caso de aquellas que no puedan dárseles un uso útil proceder a su inmediata destrucción, para cumplir con la finalidad de la función aduanera de protección a nuestro mercado interno”.

El Ombudsman José Leonardo Gialluca, informo que “institucionalmente hemos peticionado a la Dirección General de Aduanas qye procedan a dejar sin efecto estas subastas programadas y todas las futuras, en defensa siempre de nuestra industria nacional”, añadiendo que lo propio “hemos peticionado al actual Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a que peticione formalmente la suspensión de la aplicación de los Arts. 419, 422 y 430 del Código Aduanero (Ley Nº 22.415 y Modif.), y también su derogación por el efecto nocivo que causa a nuestras PyMES y producción nacional, añadiéndose  este requerimiento  a la Secretaria Legal y Técnica del Poder Ejecutivo Nacional, a cargo del Dr. Pablo Clusellas”.