Políticas públicas que favorecen la restitución de derechos

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En un trabajo conjunto entre el Ministerio de la Comunidad, organismos protectores de derechos humanos y la Policía de la Provincia, se brindó asistencia integral a una joven víctima de trata de personas y violencia de género.

El Gobierno de la Provincia de Formosa, materializó la restitución de derechos de una joven formoseña de 19 años, víctima de trata de personas y violencia de género, otorgándole un módulo habitacional para que viva con su hija de apenas 9 meses.

En el caso intervinieron el Ministerio de la Comunidad, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, la Policía de la Provincia y el Comité contra la Trata y Explotación de Personas.

Tras tomar conocimiento del caso el Estado actuó de manera inmediata, disponiendo una asistencia integral para la joven y su beba, quienes además de la ayuda material, están recibiendo contención permanente y asesoramiento desde la Dirección de Fortalecimiento Familiar y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia. Asimismo, cuentan con el acompañamiento del equipo del Espacio ECO correspondiente a su domicilio y la oficina de violencia de género de la Policía de la Provincia.

Una nueva oportunidad

En charlas mantenidas con la joven “manifestó sentirse bien con el módulo, segura, tiene ganas de estudiar y trabajar e inclusive, planteó la posibilidad de dejar a su beba al cuidado de un Centro de Desarrollo Infantil, para iniciar los proyectos que tiene pensado”, comentaron desde la cartera social.

Uno de los flagelos que enfrentan las mujeres que son víctimas de trata de personas y de violencia intrafamiliar es que muchas veces no cuentan con la posibilidad de irse a otra vivienda y tienen que seguir frecuentando a su agresor o inclusive, convivir con él. Con el fin de evitar estas situaciones, el programa Mejor Calidad de Vida del Ministerio de la Comunidad, otorga prioridad a la hora de acceder a un módulo habitacional a las mujeres víctimas de violencia extrema, entre otros criterios establecidos en la Resolución Ministerial Nº 801/17.

Esta decisión de restitución real de derechos, enmarcada en la política de justicia social llevada adelante por el Gobernador Insfrán, no sólo fue adoptada como medida de protección ante situaciones que pudieron causar sufrimiento físico, sexual, patrimonial, psicológico, grave e irreparable a la joven, sino sobre todo, como una oportunidad de tener una vivienda digna y segura y con ésta poder empezar un proyecto de vida libre de cualquier tipo de agresión y violación a sus derechos, en compañía de su hija.