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En el marco de la audiencia pública convocada por el ministerio de Energía de la Nación del viernes último, la Defensoría del Pueblo provincial fijó postura institucional exigiendo que “el Gasoducto del NEA no solo utilice a Formosa como territorio de paso”

Lo expuesto es una renovación del pedido efectuado en la audiencia del año pasado y desarrollada también en el Teatro de la Ribera del barrio de La Boca, donde “se participó formalmente como parte y se pidió al Gobierno Nacional que incluya a nuestra provincia dentro de las jurisdicciones que puedan acceder a la red troncal del Gasoducto del NEA, y sus posteriores conexiones y distribución domiciliarias para favorecer de esta manera no solamente a los usuarios residenciales, sino también a las PyMES y a la industria”.

Se advirtió que “a pesar de que se había logrado respuestas positivas al respecto, “actualmente Formosa aparece únicamente como territorio de paso del Gasoducto del NEA, extremo este que no vamos a convalidar con una nueva participación en lo que es una pretensa Audiencia Pública y que consideramos como una decisión política del Gobierno Nacional la de discriminar a nuestros usuarios y consumidores sin razón alguna y por ello interpondremos todas las medidas que sean necesarias”.

“No obstante se rechazó por inconveniente y desacertado que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, haya adelantado en el día de ayer (por el viernes 10) que las tarifas residenciales de gas que superen los 250 pesos finales, incluido impuestos, tendrán incrementos de entre 300 y 500 por ciento, dependiendo de la categoría”, se expuso. Asimismo se señalo que “también anunció una reducción del 5 por ciento a los subsidios que se aplican sobre la producción de gas natural, que representa aproximadamente un 40 por ciento del valor de la factura que reciben los usuarios residenciales, por lo que el costo pasará de 3,42 a 3,77 dólares el millón de BTU”.

El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, señaló que “estas audiencias públicas han sido totalmente desnaturalizadas por el ministerio de Energía ya que no toman en cuenta los criterios de la CSJN, y menos aún toman notas de las propuestas de los disertantes y se han reducido a meros actos administrativos”.

Advierte el Defensor que a posteriori de las audiencias “prueban los cuadros tarifarios que ellos quieren, favoreciendo siempre a las empresas y lo que es peor estableciendo un sistema injusto en el cual los ciudadanos del Norte tenemos que pagar con impuestos y con otras cargas los subsidios a este sistema, tanto a los usuarios de Capital como de la Patagonia”.