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Desde la Defensoría del Pueblo se informó que tanto la empresa Crucero del Sur Agrupación, como la filial Formosa de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se encuentran en situación de “desobediencia” a la orden emitida por la jueza de Feria en los Civil y Comercial, Graciela Patricia Lugo, quien los intimó a los accionados a prestar el servicio mínimo de transporte público de pasajeros para la ciudad capital.

La orden emanada a partir de dar curso a las demandas interpuestas por la Defensoría del Pueblo y la Municipalidad de Formosa, conforme a la Ordenanza Municipal Nº 2143/89 “Reglamento para el Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros de la Ciudad de Formosa”, Inc. p) del Art. 38, el cual estatuye que, en caso de paros o huelgas del personal (como sucede actualmente), sea nacional, provincial o local, los concesionarios y los respectivos gremios, tienen la obligación de mantener un servicio de emergencia asegurando una regularidad de dos horas entre una unidad y otra en todo el territorio de las líneas afectadas.

“Pese a estar debidamente notificados tanto la transportista como el sindicato no dan cuenta del cumplimiento de la manda judicial”, se expuso, advirtiéndose que sin perjuicio de las sanciones pecuniarias que corresponden a los demandados, desde la Defensoría adelantaron que de “persistir la suspensión total del servicio, como sucede hasta el momento, se solicitará al Fiscal Penal en turno que determine las responsabilidades que caben a quienes tienen la obligación de cumplimiento de lo resuelto en la causa judicial, respecto de la prestación del servicio de emergencia y, eventualmente, instruya los sumarios pertinentes para que se investigue sobre la posible comisión del delito de “desobediencia a una orden judicial”.

Desde el Organismo de la Constitución se remarcó que se contempla lo justo del reclamo sindical y el hecho de que Crucero del Sur defienda por su parte sus intereses. Destacándose que lejos está, como fin último, la imposición de las multas correspondientes tanto a la empresa como al gremio o peor aún, que se impute penalmente a los responsables de tales entidades. Lo que los usuarios en general esperan y nosotros también, subrayaron, es que tanto prestataria como choferes entren en razón respecto de que el conflicto que los involucra afecta a un “servicio público el cual no puede interrumpirse bajo ningún concepto” y si así sucede, ambos son legal y contractualmente responsables, es la postura que se expondrá en la audiencia fijada por la jueza interviniente para este jueves 18 a las 10.

Diariamente entre 55 y 60 usuarios formoseños utilizan el transporte urbano de pasajeros y son directamente damnificados por la paralización del mismo, es preciso que los que ocasionan esta situación brinden una alternativa inmediata, pues están obligados legalmente a hacerlo, caso contrario, no nos dejan otra opción que impulsar las sanciones administrativas, civiles y penales del caso en demanda del respeto a los derechos de los usuarios del transporte público de la Ciudad de Formosa.-