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El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, brindó detalles sobre cómo se está trabajando en la educación durante el desarrollo de la pandemia y cuáles son los objetivos educativos futuros. 

El responsable de la cartera educativa nacional afirmó, en declaraciones recogidas por AGENFOR, que uno de los objetivos principales del Gobierno es “seguir trabajando en la garantía del derecho a la educación” y remarcó que esta pandemia “deja en claro el rol central que debe tener el Estado”, destacando el “anuncio de las nuevas obras”, realizado este martes 15 en la Casa de Gobierno. 

“Para nosotros es fundamental desplegar cada una de las decisiones del Estado Nacional desde una perspectiva federal; no creemos en las políticas nacionales, sí en las políticas federales”, declaró contundente.

“Estas son las políticas concertadas, construidas desde la mirada diversa de un territorio diverso como lo es la Argentina y en eso venimos trabajando con el Gobierno de Formosa y con el ministro (de Educación de Formosa, Alberto) Zorrilla”, indicó.

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“Probablemente, en los próximos meses vamos a estar visitando nuevamente la provincia para anunciar nuevas obras de infraestructura y también para reinstitucionalizar el Plan Juana Manso”, declaró.

Con respecto a éste, detalló que incluye la distribución de computadoras “como lo hicimos en el 2020”. “Este año lo vamos a hacer con mucha más presencia a partir de la inversión prioritaria del Estado Nacional en la fabricación de computadoras”, informó.

En este sentido, enfatizó que la pandemia “visibilizó la profunda desigualdad en el acceso de las tecnologías de la información y comunicación en el marco de la no presencialidad”.

En este punto, manifestó que “es responsabilidad de Estado avanzar en la construcción de mejores realidades y oportunidades para todos y todas”.

Educación pre y post pandemia

Sobre los ejes en los que trabajará el Ministerio de Educación post COVID-19, el ministro Trotta dijo a esta Agencia: “Vamos a transitar y construir la respuesta necesaria para enfrentar las desigualdades educativas que se han dado a partir de la pandemia”.

Recordó que nunca se dejó de enseñar y que “estamos transitando un esquema bimodal de alternancia entre la presencialidad y no presencialidad”, realzando que “siempre se pretendió la mayor presencialidad posible”.

Además, informó que en el marco del consenso federal se ha trabajado en el concepto de la unidad pedagógica 2020 y 2021 unificándolas para que “no se dé por aprendido aquello que nuestros estudiantes no han logrado aprender”, indicó.

“Esto implica reorganizar la propuesta pedagógica, intensificar los procesos de enseñanza y aprendizaje que abarca a los tres ciclos: 2020, 2021 y 2022, garantizando y robusteciendo los aprendizajes con los niños y adolescentes, determinando por cada uno de los niveles educativos”, informó.

Al mismo tiempo, “impulsamos instancias como por ejemplo el Programa Acompañar con aquellos niños y niñas que tuvieron menor intensidad de vinculación con la escuela”, recordó.

“Tenemos que poner la mirada en los 14 años de educación obligatoria (inicial, primaria y secundaria) y dejar en claro que debemos priorizar el Estado Nacional y cada una de las jurisdicciones argentinas”, señaló.

En este punto amplió: “También, debemos trabajar en los profundos desafíos que teníamos en el país en la pre pandemia que se caracterizó por un fuerte proceso de retracción del Estado y la ruptura de los consensos educativos entre el 2015 y 2019 durante la gestión de Mauricio Macri”.

Explicó que “la inversión educativa cayó en 33%”, siendo este “el retroceso de inversión educativa más marcado de nuestra historia”.

Esto se sintetizó en el abandono del Programa de Conectar Igualdad, la nulidad de expansión de nuevos edificios educativos, la ausencia de una política nacional de formación de nuestros docentes, el abandono del Plan de Lectura, por mencionar algunos aspectos.

“Creemos que es una oportunidad para jerarquizar los debates educativos y lo queremos hacer en el Congreso Nacional en el marco de lograr aprobar una nueva Ley de Financiamiento Educativo denominada “Justicia Educativa”, acentuó el funcionario.

“Esto compromete el 8% de la riqueza de todos los argentinos en inversión educativa, siendo el 6% en educación obligatoria, 2% en educación superior, como también en una Ley de Formación y Carrera Docente, para poder homogeneizar la agenda educativa en todo el territorio argentino”, finalizó.