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Ante la denuncia de comunidades aborígenes, a través de la denominada “Mesa por la libertad a los Wichis”, que reclaman por información relativa al paradero de cinco jóvenes originarios de la localidad de Ingeniero Juárez, quienes, según sus manifestaciones, fueron detenidos por la Policía y trasladados a la ciudad de Formosa, Buenos Aires y Ushuaia, sin comunicar debidamente a sus familiares, se aclaro la falsedad de las mismas y que los mismos se encuentran bajo tratamiento médico y de ello sus padres están con pleno conocimiento.

Lo expuesto por la Defensoría del Pueblo de la provincia, añade precisando: “que los dichos acerca de que el menor de 12 años, (RA) fue detenido hace más de tres meses junto con dos niños más del barrio “50 Viviendas” y trasladado a Buenos Aires”; (FA) de 13 años, fue herido de bala el 1º de enero en la cabeza. Ana María Agüero, tía de los citados, indicó que, este último fue detenido mientras se hallaba internado en el hospital de Ingeniero Juárez y luego trasladado a un centro de rehabilitación en la localidad de Villafañe, pero que, en la actualidad la familia no cuenta con información sobre su paradero”. Incluso la citada denuncia la “detención y traslado ilegal a Buenos Aires de dos menores de apellido Campos, quienes estarían desaparecidos desde hace un año y exponen los supuestos dichos de una ciudadana que se da a conocer como Lorena Frías, quien indica que, el 24 de marzo y 1 de abril (sin precisar el año) se realizaron operativos “hacia la comunidad Wichí de Juárez”, durante los cuales fueron “encarcelados varios jóvenes”, entre los que se encontraba, (CM) de 14 años residente en el barrio Obrero quien fue detenido y luego trasladado a Buenos Aires para su internación, y la señora Ana Agüero, pide que el IAPA les brinde información sobre los mismos”.

Ante la gravedad de los hechos denunciados, el Defensor del Pueblo de la Provincia , José Gialluca, solicitó con carácter urgente, al administrador general del Instituto de Investigación, Asistencia y Prevención de las Adicciones (IAPA), Marcelo Kremis, que remita un informe pormenorizado respecto de las circunstancias descriptas, recibiendo respuesta a la brevedad, donde se brinda detalles de cada caso en particular y se aclara que, “de los cinco jóvenes mencionados, según sus registros, solamente cuatro de ellos, fueron asistidos en ese instituto”.

En este sentido, para mantener en reserva la identidad de los menores y no vulnerar derechos personalísimos, el Organismo de la Constitución no da los datos personales ni características de los tratamientos médicos, solo se puede hacer saber a los interesados y a la opinión pública que, “los jóvenes en cuestión se encuentran realizando tratamientos de rehabilitación en diferentes comunidades terapéuticas que funcionan tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Provincia de Formosa; de la documental respaldatoria surgen: diagnósticos médicos, informes socioambientales, autorizaciones de pasajes para la visita de los familiares, prescripciones de profesionales de la salud, protocolos de evaluación psicológica y clínica, entre otras constancias de atenciones”.

Asimismo es dable destacar que también se adjuntaron las respectivas autorizaciones de los padres y/o tutores, para la realización de los tratamientos propuestos por los facultativos médicos. “Con esto se demuestra la falta de veracidad en lo vertido en las publicaciones, en cuanto a que los familiares de los menores ignoraban su paradero”, se deja en claro.

El voluminoso informe remitido por el IAPA se halla agregado en los autos caratulados: “Comunidades Aborígenes del Oeste Formoseño – Las Lomitas (La Pantalla) Bartolomé de las Casas – Ingeniero Juárez – Dpto. Patiño – Ramon Lista – Matacos y/u otros”, Expte. Nº 139-C-2016, del Registro Interno de esta Defensoría del Pueblo, el que se encuentra a disposición de los padres/tutores y/o personas legalmente autorizadas para acceder al mismo; con lo cual el Ombudsman Provincial solicito a los responsables e integrantes de la “Mesa por la Libertad a los Wichis” a que “se abstengan de denunciar hechos falsos, tergiversando la realidad de los hechos y pasando inclusive por encima de las autorizaciones concretadas por los padres de los menores que se encuentran siendo contenidos y atendidos como corresponde por el IAPA y por otros estamentos del estado provincial”.