Ya son tres los cortes que se registran sobre la Ruta Nacional 81, dos, en cercanías de Las Lomitas, que datan de semanas, y uno último que comenzó a hacerse efectivo en estos días, en inmediaciones de Palo Santo. Frente a esta situación, crece el descontento de vecinos de ambas localidades y las aledañas, del Oeste de la Provincia, quienes, diariamente, ven entorpecido su tránsito, a y desde el lugar de su residencia, situación que impacta igualmente a las actividades educativas, industriales, comerciales sociales y culturales de las diversas comunidades afectadas.
Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia, sin perjuicio de dejar a salvo el derecho de peticionar a las autoridades de los manifestantes, que es propio de la vida Democrática, subrayaron que han recibido solicitudes de intervención de pobladores, autoridades comunales y referentes de los diversos núcleos urbanos que están siendo afectados por las medidas. El Defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, expresó que: “Frente a tales requisitorias, se realizaron denuncias tanto en los fueros provinciales, por los delitos de daños y amenazas; como los federales de la Justicia, por infracción al Art. 194 del Código Penal Argentino.
Estando en trámite las respectivas causas. Lo que llama la atención, destacó el Ombudsman Provincial, es la inacción de las autoridades del Gobierno Nacional y de la Justicia Federal, para zanjar la actual situación en el Oeste Formoseño, la cual tiene, virtualmente, de rehenes a millares de familias que están a expensas de los vaivenes de quienes, esgrimiendo o no justas razones, impiden la libre circulación por una vía pública. En este sentido, Gialluca, destacó que se ha dado un retroceso, pues en los últimos cortes de rutas, registrados en esta capital, Clorinda y sobre la Ruta 86, de manera inmediata de sucedido los hechos, se habían librado órdenes de privilegiar el tránsito por los caminos comunitarios y fueron acatadas por los manifestantes.
En esta última ocasión “no sucedió ni sucede así”, remarcó el funcionario, precisamente en momentos en que esperábamos que nuestra justicia y autoridades competentes actúen con más firmeza, pues ha mediando la presencia de personas violentas en los piquetes, individuos que no son originarios de los sitios afectados, sino que son del Chaco y otras localidades, quienes se presentaron con los rostros cubiertos y esgrimiendo armas, amenazando a los particulares y destruyendo la propiedad pública. Así como abrimos las puertas a todos aquellos que se plieguen al diálogo, respetando los derechos de los particulares a transitar libremente, así como la propiedad pública, también hemos formulado las denuncias correspondientes contra los violentos.
Esperamos que tanto el Estado Nacional, a través de la Gendarmería, como la Justicia Federal, por intermedio del Juez interviniente y la Fiscalía Penal Federal, pongan las cosas en su lugar, tal y como se lo solicitamos, salvaguardando la integridad física de los manifestantes, como sus derechos humanos, pero haciendo valer el interés superior de toda una sociedad que demanda el ejercicio de su derecho a poder circular en libertad por sus rutas y caminos.-”
