Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia se solicitó al ENACOM central y a la delegación de dicho organismo en nuestra provincia, que dentro de lo que disponen las Resoluciones Nº 2642; 3597; 5410/16 y otras, las empresas prestatarias de telefonía fija, Móvil e Internet garanticen una mejor y mayor conectividad a toda nuestra provincia, principalmente en aquellas zonas donde la infraestructura en telecomunicaciones no se ha desarrollado.
Consideran que “hoy esto es posible a partir del dinero acumulado en el Fondo del Servicio Universal -FSU- durante más de 15 años y que son aportes provenientes de un porcentaje que las actuales prestatarias deben entregar por el servicio que prestan y que también pagamos indirectamente los usuarios de la Telefonía Fija, Móvil e Internet”.
El Ombudsman José Leonardo Gialluca, señaló que “es necesario mejorar la conectividad en todos los rincones de la Provincia ya que de esta manera los usuarios podremos contar con servicios de calidad, con mejores precios y que permitirán un desarrollo de las economías, educación, salud y de todos los servicios esenciales de cada comunidad aborigen o criolla”.
Advierte que “más allá de los proyectos a implementarse, lo más importante es que los fondos para su financiamiento ya existen y por esto solicitamos al ENACOM que se arbitren todas las medidas necesarias dentro de su competencia y junto con otros organismos nacionales, provinciales y municipales, a la par de Empresas como ARSAT, la Red Federal de Fibra Óptica –REFEFO—y otras empresas privadas que se implementen los proyectos y obras imprescindibles que desplieguen una infraestructura necesaria para una mayor conectividad en todo lo que sea telecomunicaciones en zonas como la nuestra”.
Gialluca señala que “hay regiones donde por la baja densidad poblacional, los privados no la miran como un área rentable en comparación a otras de nuestro país que son más atractivas, pero siendo el espíritu y el objetivo de éstos proyectos establecer un servicio de conectividad comprometida con zonas postergadas del país, en condiciones de calidad a precios justos y razonables, entendemos que ello es viable y permitirá que redundaran en beneficio de usuarios, consumidores y pymes en una economía donde todo tipo de transacción ya se realiza a través de éstas tecnologías de comunicaciones, previsandose su injerencia en las poblaciones rurales, comunidades aborígenes, que las involucren a una rápida interconexión y darles así cobertura que redundará en beneficio no solamente del sector privado sino también de todas las Instituciones Públicas de cada lugar”.
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