El profesional médico de la localidad de Mayor Villafañe, Alberto Areco, criticó la decisión del gobierno nacional de quitar un “derecho adquirido” a las personas con discapacidad a las cuales se les dejaron sin el beneficio de la pensión, sobre lo cual puntualizó que “condenan al sufrimiento a quienes injustamente se les quitó el beneficio.”
En declaraciones periodísticas, Areco, de profesión médico, al referirse a la polémica medida del gobierno nacional que generó fuerte rechazo en distintos sectores sociales y políticos, señaló: “Si no se tratara de un sector tan vulnerable como el de las capacidades diferentes, se comprenderían y serían tolerables las medidas del gobierno nacional. Pero la gravedad de estas afecta directamente no solo a quienes tienen limitaciones físicas, sino que además pertenecen a los sectores económicos más postergados y castigados de esta política económica.”
Más adelante, sostuvo Areco: “Por lo tanto no se puede decir alegremente que son suspensiones momentáneas porque esa momentánea suspensión implica para el afectado quedarse sin capacidad para pagar la luz o la libreta de quienes renuevan mes a mes la posibilidad de comer, o suspender momentáneamente la compra de medicamentos que normaliza su tensión arterial, el temblor de su parkinsonismo, mientras se vence la burocracia impuesta para cerrar los números.”
“¿Sabrán quienes toman esta decisión que el dinero de estas pensiones apenas les alcanza para la compra de medicamentos esenciales para su sobrevida y para comer un plato diario mal balanceado y hasta para darse el lujo de energía eléctrica?”, interrogó, para luego acotar: “¿Sabrán quienes manejan el presupuesto que el dinero que han recortado no es para la compra de dólares o inversiones en LEBACs?”.
“A quienes han tomado esta decisión, es necesario aclararles que es muy difícil vencer la burocracia para demostrar algo que ya es un derecho adquirido del pensionado”, enfatizó.
Finalmente, destacó: “En todo caso, deberían invertir la carga de la prueba, recurrir a la justicia, investigando y sancionando a quienes están cometiendo una ilicitud y a quienes han facilitado y cometido esta antijuricidad, pero no condenen al sufrimiento a quienes realmente son merecedores y se les ha cortado injustamente este beneficio, para preservar el financiamiento de obras públicas con las que no tenemos nada que ver, como las bicisendas de Capital Federal o el soterramiento del Sarmiento, que se paga con dinero de las provincia y que son fuente de coimas para los funcionarios, obras que nadie va a aplaudir mientras se sigan muriendo personas de carne y hueso antes de tiempo.”
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