Directivos del Consejo Profesional de la Abogacía con su titular presidiendo la comitiva, mantuvieron una reunión con miembros del Superior Tribunal de Justicia, a quienes transmitieron una serie de planteos que hacen a la labor de los profesionales del derecho.
La presidente de CPA Olga Yanzi y el titular de la Comisión de Jóvenes Abogados, Eber Solís, se reunieron con los integrantes del máximo órgano judicial, el presidente Guillermo Horacio Alucín y ministros Ariel Gustavo Coll y Marcos Bruno Quinteros.
En ese marco la entidad representativa de los abogados, ha expresado la gran preocupación existente por la notoria mora arrastrada desde hace bastante tiempo en la tramitación de las distintas causas judiciales.
En el caso particular del Juzgado Civil y Comercial Nº 3, que se encuentra con juez subrogante, como así también el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 donde la morosidad de los expedientes que no entran al sistema de oralidad se ve agravada aún más.
En ese contexto, solicitó al Alto Cuerpo que los plazos previstos por el código respectivo sean obligatorios tanto para los justiciables como para los magistrados.
Refiriéndose a la oralidad en el fuero civil, han manifestado lo beneficioso de su implementación, pero con reservas respecto a su aplicación, a la luz de la necesidad de contar previamente con una norma que regule el sistema oral en el proceso antes de su entrada en vigencia, pues las causas anteriores en trámite ya de por sí demoradas en su resolución, se retrasarían aún mas a la espera del dictado de resoluciones y sentencias, por cuanto va de suyo que encierran investigación y estudio para su elaboración, lo que demanda toda la atención a dichas causas.
En cuanto al Tribunal de Familia hicieron hincapié en la necesidad de la reestructuración de dicho fuero, mediante la creación de tres Juzgados de Primera Instancia de Familia, y de un juzgado de Violencia Familiar en la Primera Circunscripción Judicial y un Juzgado de Familia con competencia en Violencia Familiar en la Segunda Circunscripción Judicial.
El supuesto responde a la inquietud de profesionales del Foro, como medio para una mejor administración de justicia, solicitando dejar sin efecto la implementación de las Salas que oportunamente fueran creadas.
El impacto que la realidad social tiene en el Derecho de Familia, requiere el abordaje del conflicto familiar con un diseño legal y organizativo que torne operativos los principios de tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe, oficiosidad, oralidad, y acceso limitado en los procesos de familia, mediante la creación de Juzgados de Primera Instancia, de carácter unipersonal.
En ese sentido, los profesionales abogados argumentaron que de accederse a la creación de juzgados unipersonales de primera instancia, el Tribunal de Familia actuaría como Cámara de Apelación y así se estaría garantizando el doble conforme amparado en la Convención Americana de Derechos Humanos –“Pacto San José de Costa Rica”-
En cuanto al Banco Judicial, el Consejo solicitó información respecto a la puesta en marcha nuevamente de la sucursal bancaria de calle Maipú al 800, viendo con mucha inquietud que a la fecha esta obra aún no está concluida, con los inconvenientes para colegiados y justiciables que implican trasladarse hasta el circuito 5 para diligenciar los trámites específicos.
En otro orden, hicieron saber al Alto Cuerpo la preocupación de los profesionales en libre ejercicio de la profesión, por la permanente violación por parte de algunos magistrados en las diferentes instancias, de las previsiones contenidas en la Ley de Honorarios Profesionales 512, por cuanto regulan la cuantía por debajo de las pautas arancelarias previstas en la legislación, haciéndolo incluso en algunos casos de manera arbitraria, apartándose así de la normativa. Por ello solicitaron la estricta observancia de las previsiones establecidas en la citada ley.
Dijeron en el seno de la conducción de los profesionales del derecho que las inquietudes fueron expuestas en concordancia con lo previsto en la Ley de creación del CPA, teniendo en cuenta siempre que es al Superior Tribunal de Justicia a quien compete la Superintendencia del Poder Judicial y quien se encuentra en mejores condiciones para evaluar las soluciones más apropiadas.
SUSCRIBITE AL CANAL
