En nombre y representación de los consumidores de nuestra provincia, como así también de los pequeños y medianos comercios (Pymes), la Defensoría del Pueblo plateo a esferas nacionales que se implementen medidas necesarias para las provincias fronterizas que permitan disminuir la altísima presión impositiva existente, situación está que se ve agravada por el bajísimo valor de nuestra moneda y aun así los ciudadanos encuentran mejores precios en bienes y servicios tanto en Paraguay como en Bolivia.
Al mismo tiempo, se peticiono que impulse y autorice las obras necesarias para que tengamos la infraestructura indispensable que nos lleve a salir, de una gestión nacional que centraliza y maximiza las inversiones en la provincia de Buenos Aires, relegando al Norte Argentino, principalmente al NEA, y con énfasis en detrimento de Formosa.
El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, denuncio que Formosa y todo el NEA, no puede soportar las mismas cargas tributarias que la provincia de Buenos Aires, puesto que los ingresos del sector público y privado de nuestra provincia son muy diferentes a los de ese distrito, y nuestro desarrollo empresarial no tiene punto de comparación con esa y otras grandes provincias, actualmente con fuertes y amplias inversiones que logran por fondos autorizados por el Gobierno Nacional.
“No se puede desconocer entonces que nuestra realidad económica es muy variable y está afectada por el comercio fronterizo y eso hace que en los últimos tiempos centenares de pequeños y medianos emprendimientos hayan cerrado sus persianas y con ello obviamente se produce una mayor desocupación, dando paso al trabajo informal con el cual sobreviven miles de familias, sin ninguna clase de cobertura social ni sanitaria y es allí donde esta entonces presente el estado provincial inexorablemente”, advirtió la Defensoría.
Desde el Organismo de la Constitución se sostuvo que “para ello el estado Nacional no solamente debe otorgarnos una Tarifa Regional Diferenciada de Energía, o lanzar un Plan de Compras en 12 cuotas sin intereses (pero no obligando a las provincias fronterizas a no cobrar en estos casos ingresos brutos para este tipo de comercializaciones); sino que a ello se le debe sumar la necesidad imperiosa que tienen los consumidores y usuarios de no ser sometidos a una presión impositiva que se traduce en el pago de un 21% de IVA en alimentos, en telefonía fija, móvil, servicios públicos, combustibles, medicamentos etc.”
Concluye advirtiendo que “esto lo soporta también el sector comercial, los pequeños productores, sin que tengamos una posibilidad de desarrollo a nivel local y de economía regional, para lo cual es imperioso que en un marco de reforma tributaria, nos otorguen “ventajas impositivas” para lograr el inicio de un desarrollo sustentable y federal”.
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