La Defensoría del Pueblo denunció “que no se puede tomar como merito o algo beneficioso para los consumidores que la variación de precios en junio haya sido la más baja en los últimos tiempos, pues es una visión simplista y que no está ayudando a los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad”.
El Ombudsman Provincial José Leonardo Gialluca afirmó que “el Instituto de Políticas Públicas de Formosa a cargo de José Luis Céspedes, toma datos en forma aislada y por ello concluye de que los, “consumidores tenemos un futuro alentador”.
Expuso que “nada de eso existe en la realidad, por cuanto la inflación como fenómeno continua deteriorando el valor del salario y es por ello que en provincias fronterizas como la nuestra vemos lamentablemente a miles de personas que buscan, mejores precios o hacer valer más sus ingresos en mercados extranjeros”. Afirmo la existencia de un “aumento en el nivel de precios que se viene arrastrando desde hace dos años y que con el último aumento de los combustibles se vio fortalecido. Por esta razón la inflación anual del 2017 seguramente va cerrar más allá del 25% y no de la meta del BCRA del 17%”.
Advirtió que “a los aumentos permanentes de precios, donde existe una ausencia absoluta de control por parte del Estado Nacional y un fuerte abuso de los grandes grupos económicos que producen y comercializan los alimentos, medicamentos, vestimenta, etc., debemos agregarles; la destrucción de empleo, la retracción del salario y la pérdida de poder adquisitivo de jubilaciones y asignaciones que afectó especialmente a los sectores de menores ingresos, ampliando la brecha distributiva entre ricos y pobres”.
Afirmo que “los datos en materia de distribución del ingreso son los peores de los últimos cinco años; entre los primeros trimestres de 2015 y 2017 la brecha entre el 10 por ciento más rico y el 10 por ciento más pobre se amplió un 23 por ciento”. En ese sentido expuso que “la reducción en la porción de la torta que se apropian los sectores de menores recursos refleja el impacto de la destrucción de empleo industrial, la retracción en la capacidad de compra de los salarios, la pérdida en el poder adquisitivo de las jubilaciones y la asignación universal, las transformaciones en los modos de intervención estatal durante los conflictos y el proceso de flexibilización laboral en algunos sectores”.
Desde el Organismo de la Constitución se advirtió además que “la mayor inflación también impactó en los ingresos no laborales de los hogares como las jubilaciones, las pensiones y la AUH. Un deterioro de estos ingresos lleva a que los grupos más bajos cobren menos y empeore la distribución”.
Concluye revelando que “en el primer trimestre el poder adquisitivo de la AUH y las jubilaciones cayó 3,4 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado, y por ello el actual modelo económicono afectó a todos por igual; los más perjudicados fueron los de menores ingresos lo que ensanchó la brecha distributiva y se continua beneficiando únicamente a sectores muy reducidos y de altos ingresos”.
SUSCRIBITE AL CANAL
