Una comunicación formal, suscripta por el Jefe Sucursal de la Casa de Gobierno de la Presidencia de la Nación, Sandro Narkevicius, dirigida al Defensor del Pueblo de la Provincia, José Leonardo Gialluca, confirmó la recepción y tratamiento que tendrá la propuesta hecha por el organismo de la Constitución a fin que junto a los comicios se haga una consulta popular tendiente a poner límites al aumento de precios.
Alude a que el titular del PEN tomó conocimiento de la propuesta elevada recientemente por parte del organismo de la Constitución Provincial.
La iniciativa sugiere que, en las próximas elecciones legislativas, previstas para el mes de octubre del corriente año se convoque conjuntamente a una Consulta Popular No vinculante (CPNV), mediante la cual toda la ciudadanía del país se exprese respecto de la necesidad de “poner o no límites al aumento de servicios y productos” proveídos y/o prestados por empresas monopólicas o cuasi monopólicas. Subas que, de prosperar la propuesta, no podrán superar un techo de entre el 3y el 5% del salario mínimo vital y móvil; de acuerdo a los ingresos de cada grupo familiar. Conforme a lo comunicado por Narkevicius, desde la Presidencia de la Nación se ordenó que la solicitud cursada por la Defensoría del Pueblo de Formosa, sea remitida a la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Producción y a la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación.
Con relación al particular, la Defensora del Pueblo Adjunta de la Provincia, Sylvina Portillo expresó: “La propuesta fue estudiada por los Asesores Legales de la Defensoría y tiene por objeto que el Gobierno Nacional considere un principio fundamental que debe regir las políticas públicas de Estado en cuanto a vincular los salarios a los precios de los productos y servicios. Los ingresos de los trabajadores deben guardar relación con la posibilidad de acceso a bienes esenciales por parte de los mismos y la única forma de mantener tal ecuación es limitar los aumentos a techos correlativos a las posibilidades económicas de cada grupo familiar. Tal postura, palabras más, palabras menos, remarcó la funcionaria, fue la expuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando suspendió, por un breve término, el tarifazo de la energía dispuesto por el Gobierno Nacional, entre otras causas, porque no guardaba relación con el aumento operado en los haberes de los usuarios del servicio. Esperemos que la propuesta prospere, finalizó diciendo, dado que los últimos indicadores socioeconómicos no son muy positivos, lo que demanda, desesperadamente, la implementación de medidas como la que hemos propuesto a fin de evitar perjuicios irreparables.”
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