Frente a las amenazas de corte de rutas hechas públicas por representantes de las comunidades pilagas de La Esperanza, El Descanso y Pozo Molina, ubicadas en la zona del bañado La Estrella, la Defensoría del Pueblo inicio un espacio de dialogo a fin de canalizar reclamos.
Expuso el organismo constitucional que los planteos están “encabezados por el ciudadano Osvaldo Caballero y otros, apoyados por el señor Félix Díaz, de cortar las zutas de la zona y que afectarían a centenares de formoseños”.
Ante esto, desde la Defensoría se hizo llegar a través del destacamento de la UEAR de Posta Cambio Zalazar al referente Taki Fernández y al cacique Guillermo Fernández de Pozo Molina, lo propio al cacique Cesar Zalazar y al presidente de la Asociación Civil Marcelino Giménez de El Descanso, y a Osvaldo Caballero presidente de la Comisión Civil y al cacique Solano Caballero de La Esperanza, las actuaciones correspondientes.
Se les hizo saber la “necesidad de no utilizar vías de hecho y conformar de inmediato los espacios de dialogo necesarios, en el momento y lugar que los originarios o sus representantes determinen y de este modo abordar las diversas y variadas temáticas que han manifestado”.
El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, señaló que “para un tratamiento orgánico, se ha dado también intervención al Instituto de Comunidades Aborígenes a la subsecretaria de Derechos Humanos y otros estamentos provinciales, toda vez que previamente es esencial la realización de un relevamiento de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas, etc., de cada comunidad”.
Esto a fin de que “las peticiones que engloban servicios de electrificación rural, construcción de una escuela, sala de primeros auxilios, agentes sanitarios, creación del Ciclo Básico Secundario Rural, mejoramientos de caminos de acceso, ambulancias, creación de nuevos cargos MEMA, entre otras cosas”.
“Así se puede observar que existen requisitorias cuya respuesta puede ser lograda a mediano plazo y otras en las cuales necesitamos imperiosamente, realizar las gestiones pertinentes ante las autoridades del Gobierno Nacional para obtener los fondos necesarios para la construcción de nuevos establecimientos escolares o viviendas, todo lo cual, también debe ser planificado y aprobado de corresponder en cada caso”, se indico desde la Defensoría.