El doctor Daniel Cacace, abogado patrocinante del municipio de la ciudad capital, quien defiende los intereses del municipio en el juicio oral y público contra el ex intendente Gabriel Hernández, sostuvo que es una incógnita el destino final de la importante suma de dinero que recibió este durante su gestión como jefe comunal. Incluso advirtió que los cargos por los cuales fue procesado puede derivar en una condena de hasta diez años de prisión.
La suma de referencia se trata de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) con los que el ex jefe comunal de la UCR dice haber utilizado para abonar salarios de los empleados.
Además de la indagatoria al acusado (el ex intendente radical), luego declararon los peritos y testigos y posteriormente se hará la clausura final con los alegatos de las dos partes.
La estrategia de Hernández fue la misma de siempre, aun desde antes de sentarse en el banquillo de los acusados frente al tribunal, pedir nulidades extemporáneas bajo las mismas argumentaciones de siempre, acerca de ser un perseguido político.
“En esta causa se atribuye que se habían enviado desde Nación fondos para asistir a familias carenciadas los cuales fueron sustraídos de la administración pública sin que se haya acreditado el destino final de ese dinero”, explicó Cacace, sosteniendo que “no está acreditado que Hernández haya pagado sueldos con esa plata”.
“Hay una ley específica que prevé un destino específico, era la asistencia de las familias carenciadas por la inundación, eran 80 mil dólares en su momento, y hasta ahora no se sabe qué hizo Hernández con ese dinero que recibió de la Nación”, aclaró.
El letrado advirtió que la imputación concreta es peculado, es la figura más grave y tiene hasta 10 años de prisión como máximo.
Ex secretaria corroboró denuncias
Quien fuera secretaria de Gabriel Hernández y su esposa, Fabiana Castro afirmó sin dudar que Hernández es el responsable de los delitos por los cuales está siendo juzgado.
Recordó cuando ingreso a desarrollar prácticas del Secretariado Ejecutivo que estudiaba en el Macedo Martínez y luego quedó en el puesto por decisión del ex intendente. “Paola Cóspito (la esposa del ex intendente) quería que me quede también, y hoy hace 18 años que estoy. Estuve esos cuatro años, en la parte privada de la intendencia”, dijo.
Para esta, “son reales las acusaciones hacia el ex intendente”, marcando que en ese entonces “el (Hernández) estuvo un año casi dos años afuera, quedó acéfala la intendencia. Había expedientes, de todo, que se tenía que cuidar sí o sí. Venía gente enojada, proveedores, enojados por las deudas”.
Acuso al ex jefe comunal de “realizaba sus funciones desde su casa o desde Buenos Aires porque su esposa estaba embarazada y con problemas de salud. Ella (Cóspito) era la que daba las órdenes, los papeles y expedientes pasaban por ella, era ella la que decidía”, declaró.
Castro desmintió que con los ATN Hernández haya pagado sueldos manifestando que “No pagó los sueldos ni aguinaldo con la plata que llegó de Nación. Mis compañeros estaban enojados porque no se les pagaba, a mí tampoco. Debían sueldo y aguinaldo, todo lo que se dice que se debe es verdad. Recién en la época del ingeniero De Vido nos pagaron lo que nos debían”.
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