A través de la Resolución 403, el ministerio de Energía y Minería de la Nación se convoco para el viernes 17 de noviembre del corriente año a discutir el costo de generación de la electricidad, en base a un «sendero de reducción escalonada de subsidios sobre los precios de referencia de la potencia y energía en el mercado mayorista aplicable hasta 2019».
Lo señalado fue certificado desde la Defensoría del Pueblo de la provincia, quien cuestiono duramente al llamado de estas audiencias públicas, en el entendimiento de que las mismas constituyen una “mera formalidad y es innecesario que se convoque a las mismas, porque la cuota de aumento (19%) ya se decidió a principios de este año. Esto se hace únicamente a los efectos de querer mostrar una aparente honestidad y transparencia; puesto que todo lo que digamos en defensa de los usuarios residenciales y comerciales, “caerá en saco roto, la Audiencia Pública no tiene carácter vinculante y la decisión de los porcentajes de aumentos para la generación y transporte ya está tomada de antemano, y ni siquiera se buscaran alternativas a las propuestas que seguramente plantearan las distribuidoras y las Defensorías del Pueblo del NEA”.
Desde el Organismo de la Constitución Provincial se señaló que “conforme a lo publicado en el Boletín Oficial, la audiencia pública se llevara a cabo el día viernes 17 de noviembre de 2017 a las 9 horas en el “Salón de Eventos del Palacio de las Aguas Corrientes”, sito en Ayacucho 751, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los centros de participación que determinará el ENRE en las siguientes ciudades: Formosa, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Salta, y Puerto Madryn”.
En este sentido el Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca menciono de antemano que “nos opondremos a la reducción de subsidios para defender los incrementos que recibirán los consumidores; toda vez que la decisión a adoptarse tiene su fundamento en el retiro de los citados e incrementar el costo en la generación y el transporte en un porcentaje aproximadamente al 20%, lo que posteriormente será trasladado por las distribuidoras provinciales con más los costos de estas propias empresas a los usuarios. Es que mientras este año se está subsidiando en lo que respecta a la generación de energía por parte del Estado Nacional, el 53% para los consumidores residenciales, sin incluir la tarifa social, en el 2018 el aporte que tiene previsto el Gobierno Nacional llegaría tan solo a un 37%”.
Explico que “cuando tengamos los meses de mayores consumos por las altas temperaturas en el NEA el costo de la generación electrica mas el transporte y la distribución impactaran directamente en las facturas finales que recibirán los usuarios residenciales con un porcentaje de suba de un 20% aproximadamente y ya Institucionalmente advertimos que ese porcentaje en el caso de los usuarios comerciales, “será trasladado antes y posteriormente a la puesta en vigencia de los nuevos valores a todos los productos de la Canasta Básica Alimentaria y con seguridad este no será el último aumento de energía que tengamos que enfrentar los usuarios residenciales”.
Dentro de este esquema de eliminación de subsidios y de aumentos en los costos de generación y transporte , el Ombudsman Provincial, considero que “están dadas todas las condiciones para que de una vez por todas se apruebe una Tarifa Regional Diferenciada a favor del NEA, como jurisdicciones electrodependientes y sin gas por redes, además de cumplirse con lo señalado por la C.S.J.N, en cuanto a que los aumentos de servicios públicos, “deben siempre estar relacionados con las realidades sociales, económicas, culturales y políticas de los consumidores y teniendo en cuenta los ingresos tanto del sector público como del privado en el NEA; estos incrementos constituyen una fuerte limitante al poder adquisitivo de los usuarios en general, además de promover las prácticas ilegales de conexiones irregulares en los barrios o sectores más vulnerables dado que estamos hablando de algo tan esencial , que es la energía electrica y la cual constituye en lo que hace a su acceso a un derecho humano fundamental ”.