El diputado nacional, Juan Carlos Díaz Roig, presentó un proyecto de ley que propone modificar la llamada “Ley de Reparación histórica”, al señalar que “la litigiosidad previsional fue una de las excusas para la sanción de esta ley, que sólo buscaba justificar el blanqueo de capitales y la venta de las acciones de empresas privadas, de las que es titular el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la Seguridad Social.”
“En los últimos años, por el impacto de la fórmula de la ley de movilidad jubilatoria, la litigiosidad descendió hasta casi desaparecer, mientras nos mienten a los argentinos, afirmando que los seis millones de jubilados están en juicio,” afirmó Díaz Roig y añadió: “Ahora para resolver la litigiosidad de 400 mil juicios que había, con la ley de Reparación histórica se pretende iniciar 2.800.000 nuevos juicios. Irónico»
”El proyecto de ley plantea, en primer lugar, derogar la emergencia en materia de litigiosidad previsional, declarada por esta ley cuando fue sancionada, en segundo lugar, eliminar los “trámites abreviados” por ser considerados ilegales, es decir, no autorizados por la ley, y luego limitarse a pagar a los jubilados los acuerdos homologados, obligando a la Anses a explicarle a cada jubilado la causa del reajuste realizado.
El legislador formoseño, experto en materia previsional señaló: “Con este proyecto implementamos un mecanismo por el cual se pagará lo que se debe pagar a cada jubilado y evitaremos el inicio de nuevos litigios, además de eliminar el enorme gasto que significa para el estado los honorarios de los abogados, alrededor de cuatro mil millones de pesos.”
El texto del proyecto establece que será nulo cualquier pago que realice la Anses, en concepto de pago anticipado y/o “procedimiento abreviado” de reparación histórica sin la sentencia firme de homologación de acuerdo, así como cualquier otra práctica que no tenga fundamento expreso en la ley. Según el diputado Díaz Roig, “la Anses está aplicando de forma ilícita el programa, ya que de manera discrecional y este organismo no posee facultades discrecionales, sino regladas, está pagando reajustes a quienes no corresponde percibir el beneficio. La Anses sólo debe pagar lo que la ley manda, ni más ni menos.”
Asimismo, en todos los casos la Anses, sólo podrá abonar las sumas correspondientes a los acuerdos arribados con los beneficiarios una vez que se encuentre firme la sentencia del acuerdo homologado judicialmente. Así como también, este organismo está obligado a notificar al interesado el cómputo y el índice, mediante el cual obtiene las sumas que ofrece para cada acuerdo de reparación
histórica, como también de dar a conocer los derechos a los cuales se estaría renunciando de corresponder.
Por último, sentenció Díaz Roig: “El peligro de continuar con esta ley de “Reparación histórica” es que vamos camino a desfinanciar el sistema y a darle al gobierno la excusa necesaria para volver a privatizar las jubilaciones, evidente destino elegido por el gobierno en una espiral de endeudamiento.”
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