Para el abogado del foro local y patrocinante en causas de delitos de lesa humanidad, Williams Dardo Caraballo, la decisión judicial de llamar a indagatoria a tres ex miembros del Superior Tribunal de Justicia de Formosa durante la última dictadura, al imputarles complicidad en secuestros y desapariciones de jueces y empleados judiciales en los años 1976 y 1977, “no hace más que desempolvar la gravísima denuncia de un radicalismo que encubrió a jueces que contribuyeron a desaparecer empleados”.
Explico que el fiscal federal correntino Flavio Ferrini, que subroga en la causa por las desapariciones de ex trabajadores judiciales de nuestra provincia, pidió al juez federal subrogante de Formosa, Juan Carlos Vallejos, que sean llamados a indagatoria los ex ministros de la Corte formoseña Sergio Alfredo Martínez, Jorge Demetrio Vázquez Rey y Bernardo Alfredo Montoya (ex dirigente radical, padre del actual concejal “Mono” Montoya y familiar del diputado nacional Martín Hernández).
El representante del Ministerio Público los acusa de abuso de autoridad, incumplimientos de deberes de funcionarios públicos y encubrimientos, por los secuestros de 12 empleados judiciales y dos jueces, cometidos en agosto de 1976 y junio de 1977, durante la dictadura militar.
Recordó Caraballo que aun hoy “se desconoce y continúan siendo buscadas victimas del proceso miliotar, entre ellas, Zulma Nélida Sena, Mirta Leonidas Insfrán y Ricardo Bogner, empleados judiciales que continúan desaparecidos”, algo que el mismo fiscal lo señalo en el requerimiento.
Caraballo, abogado patrocinante de Adrián Acosta, empleado judicial ya retirado, afirmó que “Vázquez Rey se recicló en democracia al igual que Montoya y Martínez como fiscal federal 1, siguiendo el aval de su designación al inicio de la democracia por las gestiones del doctor Alberto Maglietti quien era presidente de la UCR y diputado nacional por este partido del 83 al 87. Los otros dos también se reciclaron en distintas funciones, Martínez en ámbitos colegiados y el doctor Montoya, además de ser un militante católico como siempre declaró como testigo en los distintos casos de lesa humanidad, fue también diputado, convencional constituyente y presidente de la UCR en algún período de estos 34 años de democracia”
Evoco que la denuncia data del año 2006, donde sostuvo ya “se advertía la participación a modo de encubrimiento al que hace mención Ferrini, además del abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.
Explico que “esencialmente actuaban con una clara voluntad de avalar, tolerar y ocultar prácticas violatorias a los derechos fundamentales por parte del aparato represivo del gobierno de esos años. El fiscal Ferrini quiere decir que lo denunciados (Vázquez Rey, Montoya y Martínez) formaban la pata civil de la dictadura cívico-militar, en su rol de jueces de la provincia o del máximo tribunal provincial, están implicados en la violación sistemática de los derechos humanos haciendo la vista gorda porque desde la misma cede de Tribunales desaparecían los empleados”, sustentó.
Evoco Caraballo que “en ese entonces la provincia tenía menos de 80 mil habitantes y el Poder Judicial no contaba ni siquiera con 300 empleados por lo que se conocían todos, y la Asociación Judicial de Formosa era el gremio combativo que el represor Juan Carlos Colombo y los jueces querían escarmentar porque habían conseguido “la ley de enganche”.
“Había personas que habían sido secuestradas por los grupos o patotas del propio edificio de tribunales. Fueron chupados el doctor Menéndez quien padeció muchísimo su calvario y posteriormente un trauma muy especial, a la señora Raquel Ledi la tuvieron retenida en una oficina del Poder Judicial en España y San Martín para preservarla pero porque estaban esperando que llegue la camioneta, la gente de la Gendarmería y de la Policía Federal, todos de civiles, entraban armados al edificio de Tribunales, y se llevaban a los empleados”.
