Desde la Defensoría del Pueblo, ni bien conocidas las acciones de hecho que se llevaban adelante por un grupo de trabajadores que impedían directa e indirectamente la salida de internos de la empresa que presta el servicio urbano de pasajeros en la ciudad capital “Crucero del Sur Agrupación”, se acciono judicialmente y se obtuvo una repuesta positiva ordenándose la prestación de emergencia.
Fue explicado que la medida llevada adelante con la finalidad de interrumpir por completo el transporte público local, tanto desde el Organismo de la Constitución, como de la Procuración Legal y Técnica de la Municipalidad de Formosa, fueron presentadas, de manera inmediata, las denuncias correspondientes ante el Fiscal Penal en turno, a efectos de que se adopten las medidas oportunas frente a la comisión del “delito de entorpecimiento en la prestación de un servicio público”, figura prevista y reprimida por el Art. 194 del Código Penal Argentino, con la finalidad de que se individualicen a los autores materiales y se adopten las diligencias tendientes al restablecimiento del transporte.
De esa manera se inicio el Sumario Judicial 782/18 desde donde el Juez en lo Criminal y Correccional 6, dispuso, de manera urgente, las primeras medidas del caso. Ordenándose la restitución del playón de la empresa, virtualmente tomado por un reducido número de personas y la citación a declarar en calidad de imputados a los responsables del hecho. Entretanto, la Defensoría del Pueblo, interpuso ante la justicia en lo Civil y Comercial una Medida Autosatisfactiva, recayendo la acción judicial en la Jueza en lo Civil y Comercial, Giselle Drovandi, quien también, de manera inmediata, intimo a la empresa “Crucero del Sur Agrupación”, para que asegure la prestación del servicio de emergencia, previsto por la Ordenanza Municipal 2143/89.
Incluso pidió al ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González, a los efectos de que, mientras dure la prestación mínima de transporte, asegure la integridad psicofísica tanto de choferes como de pasajeros que lo utilicen. Sobre éste particular, el Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, expresó: “Es un derecho de los trabajadores el realizar paros o huelgas, pero tal facultad debe ser ejercida con responsabilidad por los representantes sindicales pues bajo ningún concepto una protesta laboral puede interrumpir la prestación de un servicio público esencial, como lo es el transporte urbano de pasajeros”.
Al ser consultado por las manifestaciones de “Chiqui” Rolón de la UCRA, expuso que este “se desentiende totalmente de los hechos violentos ocurridos y pretendió siempre la reincorporación de un empleado despedido por la patronal y convirtiendo junto a otros integrantes de dicho pseudogremio, un reclamo individual en el pretexto para paralizar a todos los colectivos”, el Ombudsman Provincial señalo que “espera que la justicia penal llegue hasta las ultimas consecuencias en este caso y no vuelva a suceder como la causa que proseguimos aun contra los responsables de la ex prestataria Ciudad de Formosa, a quienes en su momento debieron habérselos detenidos y que ahora recién los representantes de UCRA hayan manifestado ante la subsecretaria de Trabajo que dejan sin efecto las medidas de fuerza adoptadas solicitando que no se tomen represalias, suena a todos los usuarios y a la ciudadanía como una verdadera burla”.
Por otro lado, el Ombudsman señalo que “cuando la seguridad es un tema que demanda toda nuestra comunidad, por exclusiva responsabilidad de unos supuestos gremialistas la Policía de la Provincia de está presente en cada colectivo con un personal que viaja en el mismo y además es custodiado por un motovehiculo y para los casos en que no cuente con la custodia móvil correspondiente, se han asignado dos efectivos dentro de cada transporte y también existe personal de la fuerza en cada terminal de línea, en las cabeceras y en los recorridos”.
Ante las críticas recibidas por la aparente inacción de la Defensoría frente al corte del servicio, Gialluca dijo que “cuando se está trabajando no se tiene tiempo para entrar en conversaciones mediáticas inútiles, porque hay que estar al servicio de la gente y eso es lo que hicimos. Es lamentable, sí, que algunos de nuestros aparentesrepresentantes, mientras la gente andaba de a pie, en vez de acompañarnos a solucionar el problema, se ocupaban de enviar y reenviar imágenes con tono de humor para denostar a funcionarios públicos”.
“Es por ello que el Estado en todas sus expresiones ha respondido apropiadamente y ello implica un mensaje positivo para los sectores privados que quieren invertir en Formosa, diciéndoles que todas las Instituciones funcionan adecuadamente y que existe la paz social necesaria, como así también la seguridad jurídica que necesitan”, concluyo afirmando el Defensor del Pueblo.
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