El administrador general del IPV, Marcelo Ugelli, expuso los alcances de la reunión con equipos técnicos del gobierno nacional enmarcada en la Resolución 122 del ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación donde se establecieron nuevas disposiciones en relación a los planes nacionales de viviendas que se financian desde la esfera federal.
“Una de estas nuevas disposiciones es la creación de un Sistema de Gestión de Beneficiarios, el cual establece como condicionamiento para los postulantes de viviendas no superar un ingreso familiar máximo: Un tope de dos salarios mimos vitales y móviles que hoy estaría rondando un estimado de $20.000”, explico, o sea que los financiamientos a través de las líneas federales queda acotada en esa franja de ingreso.
Expuso que “seguimos manteniendo el sistema de sorteo que entendemos es el proceso más transparente, incluso no hubo cuestionamiento en ese sentido. De todos modos se suma un filtro más”:
Explico que “para ingresar a los sorteos del Plan Federal de Vivienda que se está construyendo en la Nueva Formosa el grupo familiar no puede superar los dos salarios mínimos a partir de este cambio en la política habitacional nacional. Impusieron esta discriminación en el plan de vivienda social, la “Línea de Financiamiento 1” que llaman”.
Ugelli expuso que “el grupo familiar que pasa dos salarios mínimo vital y móvil está el plan PROCREAR, el cual debe ser gestiona en un banco y, más arriba estaría un crédito UVA. Una clara segmentación que se hizo a partir del nivel de ingreso”, aclarando de todos modos que “al no establecerse un piso de ingreso es algo que complica ya que estas viviendas son con recupero”.
Comento que “hay una labor permanente con la secretaria de Vivienda de la Nación, y en este caso lo abordado tuvo que ver con las inscripciones, que hace que debamos actualizar por salario nuestro padrón”, añadiendo que “hicimos un cruzamiento de datos con esta gente de nación para poder iniciar nuestro trámite de sorteo”.
Clarifico el administrador del IPV que “nuestro re empadronamiento lo tenemos desde 2013 a la fecha, o sea que existe una gran dispersión en determinar el ingreso de cada grupo familiar, de no menos de cinco años. Y en este tiempo hubo una variación inflacionaria, por eso debemos actualizar todos estos datos para no hacer un sorteo y luego muchos de los favorecidos finalmente no puedan ser adjudicados”.
“Estamos cruzando los datos y en base a ello hacer un filtro informático con los datos nacionales, para así actualizar automáticamente ante esta nueva obligación surgida. Pero a partir de ahora todos los que se inscriban tendrán como requisito indispensable acreditar el ingreso exigido”, dejo en claro.
“Convengamos que tenemos que acomodar nuestra política provincial en materia habitacional con la de carácter nacional”, reconoció.
SUSCRIBITE AL CANAL
