El ingeniero Enrique Bellino, administrador general de la Dirección de Vialidad Provincial (DPV), confirmó que «efectivamente, este lunes al mediodía se presentó la Gendarmería Nacional con un exhorto del Juzgado Federal Nacional requería ciertas documentaciones relacionadas con una denuncia una supuesta violación de deberes de funcionario público».
Refirió que «en el año 2016 el diputado nacional Martín Hernández legislador había hecho esta denuncia, y en ese marco es que “se requería la información completa de una obra ejecutada en tres tramos sobre la ruta nacional 86 desde Guadalcazar hasta el límite con Salta».
“Ello correspondía a las Licitaciones Públicas 09, 10 y 11 del año 2011, agregando que todo se desarrolló en un marco de estricta normalidad, donde nosotros dimos cumplimiento al requerimiento judicial, ya que las documentaciones públicas están ahí y no tenemos nada que ocultar», revelo.
«Entregamos la documentación, desde el expediente madre y todo el proceso de ejecución de la obra, se labraron todas las actas y ahora toda esa información está en manos de la Justicia, así que estamos expectantes a eso porque creemos en la Justicia», subrayó.
Respecto de la obra en cuestión, aclaró el funcionario que «en su momento desde Vialidad Provincial, previo a la denuncia del diputado Hernández, hemos rescindido el contrato por incumplimiento de la empresa contratista».
Advirtió Bellino que desde la oposición se «está tratando de confundir a partir de lo que le faltaba a la obra era la carpeta asfáltica. Pero insisto, el saldo no ejecutado no fue certificado y menos cobrado, y debe quedar claro que fuimos los encargados de hacer el cierre de la obra, un balance técnico-económico y remitimos todo ese informe a Vialidad Nacional».
«La empresa comenzó a ejecutar la obra y luego terminó incumpliendo porque hizo un abandono parcial, la hemos intimado y finalmente hizo un abandono total de la obra», afirmo, aclarando que de todas maneras «las obras se certificaron en la medida que se hicieron».
Puso de relieve que «en cada tramo se realizó un diferente porcentaje de ejecución, es decir que la obra no está terminada ni tampoco están certificados los trabajos que no se hicieron», desestimando en ese sentido las declaraciones de Hernández, quien dijo que la DPV no controló el estado de las obras. «Eso no es así, nosotros hemos controlado los trabajos ejecutados, certificado y enviado a Vialidad Nacional, que es la entidad encargada del pago, ya que la provincia de Formosa no tiene nada que ver con los pagos efectuados a la empresa, éstos se hacían en forma directa a la empresa desde Vialidad Nacional», enfatizó el funcionario.
«El último tramo, por ejemplo, apenas llegó a un 15% y lamentablemente la violación de los pliegos y otras cuestiones por parte de la empresa hizo que tengamos que rescindir la obra por incumplimiento en forma unilateral», señaló, manifestando que «nosotros en forma preventiva hemos comunicado acerca de todos los certificados que estaban impagos a Vialidad Nacional. Agotamos todas las instancias para que la contratista continúe, pero el abandono fue total, y los pliegos nos avalaron, y se rescindió el contrato”.
En ese sentido marcó que «el incumplimiento fue tal que la empresa literalmente abandonó por completo maquinarias, personal y utilitarios, todas cosas que pusimos a disposición de Vialidad Nacional». Recordó que Vialidad Provincial no recibía desembolsos de dinero, los pagos lo hacia VN central a la contratista.
«Ahora todo esto ya está en una etapa judicial, creemos en la Justicia y esperamos que trabaje», finalizó.
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