Desde la Defensoría del Pueblo de la provincia se expuso una serie de reflexiones en torno a toda la problemática derivada de la pirotecnia sonora, que considera necesario regular dado que “afecta a personas, animales y al patrimonio de los vecinos”.
Siempre existió un mundo donde no impera la lógica de la razón ni tampoco la del corazón; los seres con poder dañan a los vulnerables en lugar de protegerlos. Desde la antigüedad se lanzaban explosiones por la calle para hacer ruido y asustar a los demás, causando graves daños.
Las niñas y los niños lloraban asustados por el miedo que les generaba escuchar un fuerte estruendo. Las personas que sufrían trastornos como autismo o epilepsia, tenían que ser llevadas al hospital al sufrir crisis nerviosas por su elevada sensibilidad a los ruidos y por la angustia que en ellos provocaba.
También los animales eran perjudicados. Para los perros, pasear por la calle tranquilamente (algo necesario en su caso) era completamente imposible durante la época de fiestas, ya que era cuando mayor número de este tipo de artefactos, llamados petardos y cohetes, se tiraba. Era una auténtica masacre física y psicológica, permitida social y legalmente pero sin ningún tipo de sentido. Además, la poca conciencia y responsabilidad de los que utilizaban esta peligrosa y violenta forma de divertirse, hacía que en ocasiones frecuentes terminaran ellos mismos lesionados (con amputaciones de manos o con quemaduras graves). Hasta que, un día, un grupo de personas, cansadas de soportar esta situación, decidieron levantarse y luchar contra ello de forma pacífica. Emprendieron acciones encaminadas a concientizar y a sensibilizar acerca de que todo aquello no podía seguir permitiéndose. Desgraciadamente, esta historia no es un cuento con final feliz.
Es la triste realidad que vivimos actualmente en Formosa. Una historia que hemos decidido ocuparnos mediante una correcta regulación de la pirotecnia, restringiendo su uso al máximo, asegurando la protección de las víctimas y siempre garantizando el mínimo impacto en los demás. Son muchísimas las personas que están en contra de esta práctica y, a nivel legal existen vacíos importantes. Por ello, resulta absolutamente incoherente que, habiendo tanta gente en contra y seres que sufren de manera cruel e injustificada, algo así se siga manteniendo y permitiendo, simplemente porque nadie hace nada. En cualquier día en ciudades y pueblos encontramos locales que, sin cumplimiento de ninguna normativa de seguridad, venden sin control artefactos explosivos a menores y adultos. Esta situación ha causado infinitos problemas, que quedan escondidos bajos dos situaciones: 1. Respecto de los que lo sufren. Se trata de daños privados que se generan por ansiedad o dentro del domicilio. Existen miles de personas con ligirofobia, así como personas afectadas de autismo o problemas de conducta que sufren de manera extrema cuando se encuentran en una zona de explosiones. 2. Respecto de los agentes que deberían controlar dicha situación.
Cuando llegan al lugar en el que se ha cometido la infracción, los artífices de la misma no continúan allí, ya que parte de la diversión es generar –ruidos molestos-. Tampoco existe un control real respecto de su compra, que puede efectuarse en variados comercios sin acreditar si es un menor o no quien lo adquiere
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