La falta de cumplimento a los compromisos asumidos por la empresa de transporte público de pasajeros con discapacitados o personas con movilidad reducida, fue denunciada por la Defensoría del Pueblo de la provincia.
Se recordó que en una reunión llevado a cabo en la Defensoría del Pueblo el día 4 de julio del corriente año y donde se asumió el compromiso por parte de la empresa (Jonathan Almazán Inspector de la Empresa Crucero del Sur Agrupación”, José Olmedo Subsecretario de Transporte y Emergencia del Municipio Capitalismo, Verónica Ávila y Clara Baldus de la coordinación de Acción Social de la Municipalidad, Marta Polo representante personas trasplantadas, quienes junto al Defensor del Pueblo, Jose Gialluca y la secretaria General, Mariela Cáceres, se firmó un acta en ese sentido.
Allí se especifico que “más allá de los móviles especiales para el trasporte de personas discapacitadas, se debía fiscalizar y hacer cumplir que los pasajeros cedan los dos asientos destinados a las personas con discapacidad y también buscar lugares para estas personas en el caso de que los dos previstos por la Ley ya se encuentren ocupados”.
El otro punto pactado y que la Defensoria afirmo “no se viene cumpliendo, es la posibilidad de descenso de las personas discapacidad o movilidad reducida, comprensivo de personas mayores adultas, embarazadas y otras, a que puedan descender tanto por la puerta delantera o trasera, según el lugar del micro en que se encuentra”.
El Ombudsman Provincial señaló que “hemos intimado al gerente de Crucero del Sur Agrupación, al subsecretario de Transporte y Emergencia de la Municipalidad y también a la UTA Seccional Formosa para que se cumplan con los compromisos asumidos; pero tenemos bien claro que aquí lo que está fallando es una formación idónea hacia los choferes de las diferentes unidades”.
“Así como existirán choferes que cumplen y aplican el sentido común en relación a las personas discapacitadas que trasladan, también existirán aquellos a los que no les interesa si las personas con capacidades reducidas de movilidad o embarazadas se les otorga un trato digno y humanitario”, advirtió Gialluca.
“Es por ello que instamos a que la empresa apunte a través de cursos, protocolos o directivas que favorezcan el cumplimiento de los puntos antes descriptos y también desde la Defensoría del Pueblo pedimos a los usuarios a que hagan más llevadero el viaje de las personas discapacitadas, pues se trata de una cuestión cultural el de ceder el asiento a personas adultas o embarazadas son prioridades que deben existir en el trato diario para todas aquellas franjas sociales altamente vulnerables y cuyos derechos en la actualidad no se vienen respetando”, concluyo exhortándose.
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